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Me refiero,  a la demora para resolver la petición que hizo la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Bogotá, respecto de la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra  tres magistrados investigados por presuntos hechos de corrupción en Villavicencio.

Diez  días después de iniciadas las diligencias preliminares, desde la imputación de cargos, no se produce ninguna decisión, y la incertidumbre ronda en el Palacio de Justicia de la capital del Meta, por conocerse, la suerte que correrán los implicados, Joel Darío Trejos Londoño, Alcibíades Vargas Bautista, y el ya pensionado, Fausto Rubén Díaz Rodríguez, en el vergonzoso escándalo en la justicia.

Quien preside las Audiencias en el caso es el magistrado, Fernando Adolfo Pareja Reinemer, de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Éste lunes, 24 de julio, continuarán, con el contradictorio, pero tampoco habrá decisión, hasta que  intervengan los procesados y sus abogados.  El primero y único en presentar su contradictorio ha sido Fausto Rubén.

Si bien es cierto que no existe ninguna norma que regule el tiempo de las exposiciones, la buena práctica en la Administración de Justicia sería que el Juez con función de control de garantías, en este caso el magistrado instructor, resolviera en tiempo breve y concreto.

Con el debido respeto  a la justicia, me parece que hasta el momento las actuaciones han sido desproporcionadas, en un exceso de “garantismo” y que a la vez resulta contraproducente hacia el buen mecanismo del aparato judicial.

Considero que existe extremada lealtad por parte de la Fiscalía Delegada Ante la Corte Suprema, al hacer, casi que el descubrimiento probatorio de algunos de los tantos elementos, y que ella consideró que era viable, sin haber llegado al escenario adecuado, como es en la debida Audiencia de Formulación de Acusación, y que corresponderá a un magistrado con función de conocimiento.

La escuela judicial, Rodrigo Lara Bonilla e incluso el mismo Departamento de Justicia de los Estados Unidos, éste último, que  coopera con la Administración de Justicia en Colombia, recomiendan la buena práctica procesal en las diligencias preliminares, que comprende, la legalización de captura, imputación de cargos y la suspensión del poder adquisitivo cuando hay incautación de bienes.

En mi experiencia como periodista de asuntos judiciales, tengo entendido que el ente persecutor del delito, no está obligado a descubrir todas las pruebas recaudadas en este estadio procesal, sin embargo, el Tribunal ha permitido que se vuelva, muy posible como un mini juicio, por decirlo de alguna manera, si entrar a afirmar que eso sea así, claro está que en este nivel la cosa es más compleja.

El Sistema Penal Acusatorio en Colombia, es copiado del Sistema Norteamericano, no obstante, en el sistema angloamericano y europeo las decisiones se toman rápidamente .

Pero aquí  la diferencia  es grande, porque el Juez norteamericano decide a su libre convicción personal y en Colombia de acuerdo con la sana crítica y con apego a la ley, lo que marca la diferencia en los dos sistemas.

El Juez colombiana profiere una decisión motivada, muy sustentada con base en los elementos materiales que presenta la Fiscalía y luego hace un pronunciamiento integral.

Entonces tampoco puedo tampoco entrar a equiparar los dos sistemas.Espero estar equivocado en mis apreciaciones, puesto que en éste caso son muchos los posibles hechos, y siempre he asistido a audiencias en casos pequeños en los Juzgados de Villavicencio.

Pero, me parece inaudito que, en Bogotá,  no se apliquen las buenas prácticas, y más cuando se trata de tan solo tres personas procesadas.

De aplicarse dicho mecanismo, sería una herramienta fundamental contra la congestión judicial para no hacer tan extensas las audiencias preliminares.

De otra parte, traigo a colación, el caso de los jueces, fiscales, abogados, funcionarios de Medicina Legal, de la cárcel de Villavicencio y del CTI, que hace más de 25 días fueron capturados en Meta y Cundinamarca, y sólo hasta el jueves 19 de julio, un Juez en Paloquemao resolvió la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Fabián Ríos Cortés, director de la cárcel La Esperanza, en Guaduas, José Luis Rangel Núñez, asesor jurídico de la cárcel de Villavicencio, Arismendy Varela Moreno, asesor jurídico del INPEC en Guaduas, Jefry Torres, dragoneante de la cárcel de Guaduas, Alison Fabián Nandez, estudiante de derecho, Viviana Vega, abogada, Julio Alberto Preciado, comerciante, Blanca Ruth Salazar, asistente judicial y Eduardo de Jesús Rezo Ovalle, Juez.

El Juez se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario al Juez de Villavicencio, Raúl Hernán Ardila Baquero, por considerar que el delito por el que fue imputado no comporta tal medida.

Sin embargo, la Fiscalía se declaró en desacuerdo y apeló la decisión para que  resuelva un Juez de conocimiento en Bogotá.

Otro grupo está por resolver, y el Juez tiene previsto pronunciare este viernes 21 de julio.

Hacen parte de este grupo, Javier Eduardo Aldana, Carlos Hernán Garzón, Claudia Silgado, Germán Beltrán, Carlos Arturo Rodríguez Acosta, Omar de la Hoz, Carlos Galarza, Carlos Hugo Alfonso, Néstor Valderrama, Luis Everth Salazar y Aida Salgado.

Por esto quedo expectante frente a la evolución de las diligencias.

Aclaro que hasta el momento ninguno de los ciudadanos mencionados y procesados es culpable, ellos gozan de la presunción de inocencia, e irán junto con la Fiscalía, a un escenario en igualdad de condiciones para contra atacar los argumentos entre sí.

Alguien será vencido en etapa de juzgamiento y luego el Juez que corresponda, determinará si son culpables o inocentes dentro de las investigaciones penales.

La Justicia tiene la palabra.

P.D.    “De lo que llaman  los hombres virtud, justicia y bondad, una mitad es  envidia, y la otra mitad  no es caridad”.

Antonio Machado

Por  Juan Agustín Santos

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