Suscríbete
 
 
Publicidad

Categoria: 

Es una desgarradora paradoja que quienes tienen la función y la responsabilidad de velar por la integridad de la justicia en su interpretación y su aplicación, se conviertan en sus detractores y la degraden con sus desviadas decisiones, como ha ocurrido en las altas cortes de Colombia.

Ese “cartel de la toga” que se hizo visible, con la confirmación de sus propios actores, es una banda de delincuentes de codiciosa perversión.

Con los actos de los cuales fueron protagonistas los magistrados enlodaron sus cargos y pusieron la justicia en una situación de postración. Fue  la  corrupción de la sal.

Negociar los fallos para favorecer implicados en posibles hechos punibles llevados a conocimiento de la autoridad competente, es incurrir en falsedad y blindar de impunidad la comisión de un delito.

Los efectos de esa conducta son nocivos para todos. Crea un vacío pernicioso de categoría institucional y expone a la nación a manejos erráticos, en perjuicio de los principios de derecho consagrados en la Constitución.

Los magistrados y otros servidores públicos comprometidos en los tráficos ilícitos que generan rupturas a la justicia son sujetos de rampante desatino moral, además del resquebrajamiento a la legalidad que promueven.

Pero semejante descomedimiento, con todo lo que tiene de abusivo y de desfachatez, no es aislado de esa corriente de creciente corrupción que recorre a Colombia. La tolerancia predominante con los actos de abuso de poder, la burla de la ley, el enriquecimiento ilícito, la protección de privilegios aberrantes, el desconocimiento de derechos y el menosprecio a la vida mediante la violencia atroz, hacen parte de ese tejido de abyección impuesto desde los  escenarios judiciales. Todo ello nutre a la política y es insumo para los partidos y sus dirigentes, que buscan el Congreso y otras instancias de poder para darle rienda suelta a sus ambiciones.

La política, que debe ser un ejercicio público de ideas, de debates, de realizaciones para beneficios colectivos, se ha convertido en una empresa de negociados de alta e impúdica rentabilidad, como lo planteó en el Senado Claudia López en reciente debate.

La relación de los políticos con el poder parece estar condenada a los malos designios.

Todo lo que se hace con la intención de brincarse la legalidad y la ética descompone los actos humanos y allí empieza el resquebrajamiento. Una fuente de perturbación general y caldo de cultivo de muchos males.

Ante lo que ha ocurrido el país necesita una recomposición de fondo. A los afortunados hechos del acuerdo de paz con las Farc y el que está en curso con el Eln, además de la posibilidad de sometimiento de grupos criminales a una justicia efectiva, hay que acelerar las acciones contra la corrupción y consolidar su extinción para poner a la nación en el rumbo democrático correcto.

Por Cicerón Flórez Moya

Publicidad