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La Constitución de 1991 consagra como norma vertebral: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática y participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

La aplicación de esa norma no ha tenido el rigor suficiente y la desigualdad y otros desajustes predominantes en la vida de los colombianos pone en evidencia lo que hace falta para alcanzar su consolidación. 

De todas maneras, “Esencialmente el Estado Social de Derecho en Colombia tiene como propósito fundamental el bienestar de los ciudadanos, donde los residentes tengan la posibilidad de vivir del modo más digno posible, sin importar la situación económica de cada persona, pues estas deben tener derechos que les permitan acceder a un excelente servicio de salud, educación, trabajo, alimentación y además gozar de una participación activa en la democracia en el país”.

El Estado social de derecho debe tener expresión efectiva en el fortalecimiento de la democracia y esto impone un ejercicio ético y transparente de la política a fin de garantizar igualdad de oportunidades para todos, hacer prevalecer la justicia, desmontar el entramado de la corrupción, abolir los privilegios excluyentes, reconocer las diferencias y defender la libertad en los actos de vida de toda persona, incluida como prioridad lo que piense y opine.

Queda en entredicho el Estado social de derecho cuando no hay garantías para las corrientes que se oponen a las políticas de un Gobierno o disienten de otros contendores.

La persecución recurrente, hasta con la muerte, de líderes de causas sociales desdibuja el Estado social de derecho, o cuando se protegen el desplazamiento o desaparición forzada de personas, o el despojo de tierras a sus legítimos propietarios.

El abuso de poder, la censura y las trampas destinadas a favorecer intereses muy particulares van contra el Estado social de derecho. Y Colombia ya ha padecido adversidades de esa naturaleza. Como fue abultado en los periodos de Gobierno de Álvaro Uribe, con las ´chuzadas´, los falsos positivos, y otras operaciones de impacto negativo.

Pero en el presente también ocurren situaciones de ese orden, cuando los alcaldes prohíben manifestaciones de candidatos que no son de sus afectos. O cuando la degradación se toma organismos tan encumbrados como la Corte Suprema de Justicia. O los políticos en campaña se mezclan sin pudor con quien sea, sin reparar en lo que representa el aliado.

Los patrocinadores de los mensajes propagandísticos destinados a infundir miedo contra el llamado ´castrochavismo´ son de tendencia autoritaria y de ellos es que debe temerse un Gobierno que recorte la democracia y  promueva  la censura y otras formas de represión contra la libre expresión, como ya se ha visto.

Hay que estar alerta contra esta estrategia de la desinformación que busca más de lo mismo.

Por Cicerón Flórez Moya