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Una de las fortalezas de la justicia es la certeza. Las imputaciones y las decisiones que se tomen deben estar sustentadas en pruebas rigurosas y no deleznables. Los prejuicios, los falsos testigos y las intencionales distorsiones con finalidades dañinas, llevan  a  desvíos  muchas veces irreparables y que afectan la libertad, el buen nombre, el patrimonio y la estabilidad de quien es sometido a ese proceso negativo.

Por eso, quien tiene la función de administrar o impartir justicia debe ser persona de reconocido temple moral, sin sujeción a cualquier conflicto de interés particular, ajena siempre a parcialidades. Solo así se garantiza rectitud, ponderación y transparencia.

En Colombia, como se ha visto en no pocos casos, la justicia ha estado manejada en forma inescrupulosa, hasta en las altas Cortes.

Se ha perdido así la credibilidad en una institución que debiera ser el principal sostén de la pulcritud en la nación. El daño causado es inmenso y se requiere una reparación de profundidad, con el compromiso de no repetición de esos capítulos que abruman de vergüenza.

En relación con las imputaciones que ahora la Fiscalía le hace al senador Alberto Castilla es necesario que se ponga el mayor énfasis en la verificación de las pruebas aportadas para evitar descarrilamientos que ya se han cometido y que han victimizado a inocentes. La Corte Suprema de Justicia está llamada a proceder sin desperdicio de tiempo y en condiciones que correspondan a un debido proceso, libre de influencias amañadas.

Castilla surgió a la vida pública desde el entorno campesino, donde se formó, con fidelidad a su comunidad. Se hizo senador sin el poder de maquinarias electoreras y ha ejercido su función de legislador sin prepotencia y con apego a las responsabilidades propias de su investidura.  Es un convencido de la causa de la paz y esto lo ha alineado en los acuerdos que han hecho posible ponerle punto final al conflicto armado en que se mantuvieron las Farc durante más de 50 años. No ha tenido beligerancias de ningún dogmatismo, ni tampoco es ajeno a la dura realidad en que se debate la región de donde procede. No tiene vendados los ojos ante la insurgencia del Eln y sabe que su gestión política también pasa por la búsqueda de aproximaciones que faciliten la desmovilización de esa guerrilla, con lo cual no está incurriendo en respaldo alguno a la insurrección. Es algo que exige análisis desprovisto de revanchismo, aquello que no deja ver el lado positivo de una acción que puede prestarse a ligerezas en su interpretación.

Hay que confiar en que Colombia tiene en el senador Castilla no un francotirador sino un dirigente que ve en la democracia y en el derecho pilares fundamentales del Estado.

Por Cicerón Flórez Moya