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Cicerón Flórez Moya

La propensión a incurrir en conductas ilícitas se volvió común en Colombia. Casi que compulsiva. Sobre todo, entre quienes tienen funciones públicas. Es el aprovechamiento abusivo del poder. La corrupción permeó todos los espacios oficiales y alcanzó a meter sus garras en el sector privado dada la fascinación que genera la posibilidad de acuñar fortuna por la vía expedita de la trampa.

La corrupción ha dado paso a la invención de las diferentes formas de defraudación. Aparecieron entonces los carteles destinados a las operaciones ilegales al amparo de la complicidad de quienes toman las decisiones en las entidades en cualquiera de las ramas del poder público.

Hay cartel para la contratación, con los mecanismos adecuados a los fines propuestos en el asalto a los recursos destinados a la salud, la educación, la infraestructura vial, los servicios públicos, la vivienda, etc. Se formó “el cartel de la toga”, el cual sirvió de trampolín a magistrados de las altas cortes en alianza con abogados de impúdica ambición para producir fallos judiciales viciados de prevaricato. O el cartel de las pensiones, para el beneficio de  algunos privilegiados mediante el reconocimiento de mesadas millonarias sin merecerlas. Hubo el cartel de la hemofilia, con el cual   un gobernador del departamento de Córdoba le sustrajo al presupuesto de ese departamento una super millonaria suma. El cartel de la minería ilegal patrocina otro negocio de caudalosa rentabilidad a costa de la estabilidad ambiental y en general del ecosistema.

 Ese entramado de turbideces calculadas incluye también a grupos religiosos dedicados a la explotación de la fe entre incautos fieles, a bandas de políticos sin escrúpulos,  proclives a  la regla del “todo vale” o a la pauta maquiavélica  según la cual  “el fin justifica los medios”.  Hay cartel hasta en la fuerza pública con la permisividad de oficiales ambiciosos capaces de meter las manos en los dineros asignados a la financiación de proyectos para la paz.  En otros campos de la actividad nacional operan carteles a la medida de los intereses que se mueven, además del gran cartel de las mafias de las drogas, cuyo motor tiene la capacidad de articular el sistema del crimen organizado con tan hondas raíces en la nación.

Esos carteles tienen fuerte influencia en la vida del país. Están presentes en todo. Imponen su voluntad para el manejo del poder en los distintos niveles.  Intervienen con éxito en la política y manejan las entidades claves. No se les escapan ni siquiera las universidades que debieran funcionar con la independencia y la trasparencia inherentes al conocimiento.

El peso de los carteles se hace sentir por encima del ordenamiento institucional. Los que mandan son los que tienen el manejo de ese tejido de gobierno acomodado a las ambiciones de los protagonistas de la ilegalidad. Por eso los órganos de control están plegados al que más da y las organizaciones políticas y sus representantes obedecen las órdenes de los gamonales de turno. La democracia es una ficción.  Desgarradora realidad.

Puntada

La esperanza es que el acuerdo de paz con las Farc y los desarrollos que debe tener  y el referendo contra la corrupción sirvan para darle la vuelta a una realidad que tiene atrapada la democracia y hace de Colombia una nación amarrada a los carteles de lo ilícito. El cambio es una de las prioridades de Colombia.

 

Cicerón Flórez Moya

cflorez@laopinion.com.co