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Los sistemas de pensiones administrados por fondos privados son inciertos por naturaleza. En estos sistemas solo están definidos los aportes que hace el cotizante, pero no los beneficios que obtendrá: cada quién sabe exactamente cuánto debe ahorrar mensualmente  la persona pero nadie sabe cuál será realmente el valor de su pensión.  

Los recursos ahorrados son invertidos en los mercados de valores. Suena atractivo suponer que allí los ahorros se están capitalizando y que la rentabilidad será elevada. Pero el sistema por supuesto expone los ahorros a los mismos riesgos del mercado, como decir: Los cambios en las tasas de interés. La alzas y las bajas en el valor de la acciones en la bolsa o de otros títulos donde se haga la inversión. Los ciclos económicos que pasan por los auges y las recesiones, y los cambios en las tasas de inflación.

El caso reciente de Porvenir, que en el último trimestre obtuvo un rendimiento negativo, muestra el riesgo de pérdidas en los ahorros de pensión. Esto ya había sucedido en 2006, cuando se perdieron alrededor de 3 billones de pesos, y en 2007, cuando hubo pérdidas de alrededor de 700 mil millones.

Pero los fondos privados no solo implican riesgos en el valor de sus inversiones. También  implican riesgos en el momento de liquidar la pensión, porque esta depende de otros factores, como decir las tablas de mortalidad que se utilicen o las tasas de interés  que se adopten para determinar el flujo de las mesadas respectivas.

Esa es la gran diferencia entre los fondos privados y el sistema público administrado por Colpensiones. En los sistemas públicos, la pensión no está determinada por los recursos acumulados, sino por el cumplimiento de unos requisitos definidos. Por eso se les llama  “sistemas de beneficios definidos” –en contraposición con los “sistemas de contribuciones  definidas” o sea el de los fondos privados de pensiones-  

Vale decir que los sistemas públicos prevalecen en la mayoría de países de la OCDE, que siguen siendo la fuente principal de ingresos de los jubilados.

En Colombia, la inseguridad de los sistemas privados se ha manifestado en la baja probabilidad de pensionarse y en los bajos beneficios pensionales que se otorgan.

El  único mecanismo para proteger a los afiliados en los fondos privados es la denominada Garantía de Rentabilidad Mínima (GRM), que estableció el artículo 101 de la Ley 100 de 1993.

Se supone que dicha Garantía consiste en una tasa mínima de  rendimiento que deberían obtener las administradoras de fondos privados. Pero en la práctica este instrumento no garantiza al afiliado ninguna protección frente a rendimientos negativos.

Los fondos privados tienen serias limitaciones para cumplir el fin que se invocó en el momento de crearlos: brindar pensiones adecuadas a sus afiliados. Cualquier reforma al sistema de pensiones debería tener en cuenta lo anterior.

*Profesora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, contadora pública y magíster en Ciencias Económicas, actualmente adelanta estudios de doctorado en Economía.

Twitter:@notillano Web:notillano.com  | FES - Razón  Pública - Por Flor Esther Salazar