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Hay mucho por hacer todavía para que la consolidación del Acuerdo de Paz con las Farc sea perdurable.

A la desmovilización de los combatientes de los diferentes frentes de la guerrilla y la entrega de armas debe seguir la profundización de los cambios políticos de fortalecimiento de la democracia, lo cual implica erradicar las prácticas viciadas aplicadas al manejo de lo público, tan corrientes en dirigentes de colectividades partidistas, servidores públicos y hasta empresarios de extremada codicia.

La implementación del Acuerdo es un tejido de muchas puntadas y en eso debe tomarse en cuenta lo prioritario a fin de que el país no siga en la maraña de las trampas y que cuanto se haga esté sujeto a la decencia, a la equidad, a lo justo, a la ética.

Una sociedad en condiciones de desigualdad y las mezquindades que ello genera, se debilita en el laberinto de las fracturas y las brechas ocasionadas. Es indispensable hacer un saneamiento riguroso de los males engendrados por tantos desatinos con la complacencia de quienes han explotado el poder en función de sus propios intereses y beneficios a la medida de su desfachatez y su impudicia.

Es aberrante, por decir lo menos, que quienes tienen responsabilidades de gobierno y debieran ser ejemplo de pulcritud en el desempeño de sus cargos se enloden en el abuso del poder, como son los casos de no pocos funcionarios.

Hay administradores de justicia que se apropian de bienes de indefensos ciudadanos con rampante cinismo, o que venden fallos para favorecer a potentados en detrimento del interés público, o que negocian a la sombra del Estado calculando su enriquecimiento. Mucho de este entramado tiene la complicidad de la impunidad.

Con la paz deberá ser efectivo el reconocimiento de los derechos sociales. Porque no puede continuar tanta ruptura en este campo. Es descomedido que mientras a los usuarios de los servicios de salud que pagan a las EPS altas cuotas  y son mal tratados por estas o los pacientes de enfermedades graves no son atendidos como debiera ser,  unos cuantos descarriados derrochen los recursos oficiales o monten carruseles tan desmesurados para robar.

Hay que poner en marcha una pedagogía de paz, orientada a erradicar abusos y corruptelas, así como poner énfasis en la administración de justicia a fin de que esta institución no quede reducida a una entelequia o se convierta en burla o frustración para los ciudadanos.

Una pedagogía para la paz tiene que hacer entender  la importancia de la dejación de la lucha armada. Es pasar de los actos atroces de fuerza al debate de las ideas y de la imposición del terror a la dinámica de la convivencia. Así se promueven canales de entendimiento para transformaciones que se requieren en el desarrollo de la democracia.

La renuncia a las armas le abre espacios a las satisfacciones colectivas que han tenido una crónica negación. Pero debe enseñarse y hacer efectiva su consolidación.  No puede quedarse en lo aparente o en leyes apenas destinadas a la polilla de los anaqueles en los despachos oficiales.

Hay que educar para la paz con el ejercicio cotidiano de gobierno y esto impone transparencia y  aciertos  que no pueden quedar al azar o dependiente de la audacia de los malabaristas de la picardía.

Cicerón Flórez Moya

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