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Villavicencio. Con ponencia de la consejera, María Adriana Marín, la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró Administrativa y Patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de un trabajador de Ecopetrol de la Planta de Apiay en 2014.

La alta corporación ordenó, además, repararlo económicamente por los perjuicios causados moral y materialmente.

El operario fue acusado por los delitos de hurto calificado agravado y tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, ante un hurto de hidrocarburos que se registró en esa Unidad petrolera en el Meta.

En el curso procesal, la Fiscalía no logró recaudar los elementos necesarios para demostrar la posible responsabilidad del operario frente a las conductas endilgadas.

Twitter:@notillano Web:notillano.-com (Santos)