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Foto El Tiempo

Villavicencio.  Tras no prosperar la petición de medida de aseguramiento contra ocho procesados entre funcionarios y exfuncionarios de la gobernación del Meta, el Fiscal 19 de la Unidad Anticorrupción, Everth Candela Orozco, presentó recurso de apelación.

Ahora un juez de segunda instancia, se  espera revoque, confirme o modifique la decisión en próxima fecha por definir.

El Juez Segundo Penal Municipal Ambulante con función de control de garantías, Andrés Giovanny Rosas, negó la solicitud de medida de aseguramiento por considerarla desproporcionada e innecesaria, contra el actual asesor jurídico del Departamento, Vladimir Sierra Martínez, el secretario de víctimas, Hernando Martínez Aguilera y la funcionaria de la Unidad Nacional de Víctimas, Luz Estella Casafranco Vanegas. 

Así mismo la negó para Francy Nayibe Umaña, John Fredy Chávez Cagüa y Carlos Humberto Osorio Monroy.

No obstante, la medida de aseguramiento no privativa de la libertad afectó al exsecretario de Agricultura, Daniel Santiago Salazar Uribe, quien tuvo que suscribir un acta de compromiso con el Juzgado, sometiéndose a comparecer las veces que lo requiera la Fiscalía, no le está permitido contratar con el Estado ni brindar asesorías, demostrar buen comportamiento familiar, social, entre otros.

Las otras seis personas pese a que no fueron afectadas con ninguna medida, continuarán vinculadas al proceso penal hasta cuando la Fiscalía decida precluir la investigación o al final de todas las etapas procesales, el Juez de la causa profiera sentencia como en Derecho corresponda.

El Juez encontró que hubo falta de idoneidad por parte de la Corporación Red País Rural, para celebrar convenios con la gobernación del Meta, y que, al parecer, el secretario de Agricultura, tendría conocimiento de la situación y que supuestamente confiado de un apoyo de Ecopetrol, y que nunca llegó, permitió que la gobernación suscribiera el convenio con País Rural por 5 mil 411 millones de pesos.

En otros apartes manifiesta el Juez que la misma persona que fungió como jurídico de agricultura en la gobernación, al parecer habría recibido 5 millones de pesos y luego 500 mil, por haber logrado un desembolso por 405 millones de pesos.

El representante legal de País Rural, Fredy Antonio Vargas Ramírez, no ha comparecido a las audiencias.

Twitter: @notillano Web: notillano.com - Santos

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