En Colombia la violencia es cotidiana, y también las masacres, extorsiones y desapariciones
Por Cicerón Flórez Moya
El manejo de las relaciones internacionales de Colombia o de su política exterior le imponen al Presidente entrar en contacto con los gobernantes de los otros países. Eso le permite atraer inversión extrajera, firmar acuerdos de cooperación, desarrollar iniciativas que le abran a la nación espacios en la cultura y en políticas que ofrezcan nuevas posibilidades en lo económico y en las soluciones ambientales que ya son prioritarias en el mundo. No puede aislarse el país en esos campos y su participación debe ser significativa. Sin embargo, tan fundamental gestión impone también responsabilidades puntuales, como la de ceñirse a la realidad y no ofrecer versiones de engaño, que si bien le suman puntajes a favor al mandatario -lo cual puede resultar efímero- no le hacen bien al país cuando se descubra la falsa narrativa.
En la gira del presidente Duque por varios países él pinta a sus colegas una Colombia espléndida, con versión cargada de hipérbole. Todo es positivo y no hay nada que lamentar. Esa misma distorsión se propaga aquí. Es el desconocimiento de la violencia cotidiana, con homicidios, masacres, extorsión, desapariciones, abusos de la Fuerza Pública y un etcétera de atrocidades. La respuesta oficial ante ese desbarajuste criminal es inocuo. Los ministros de defensa y del interior están siempre listos para minimizar los hechos, ofrecer recompensas a quienes “denuncien a los responsables” o comprometerse a investigar, para finalmente no resultar con nada.
Frente a la corrupción la laxitud es extendida. Son muchos los casos en que los responsables de operaciones ilícitas comprobadas tienen el beneficio de la impunidad o reciben sanciones benignas. El tramposo contrato entre el Ministerio de las Tecnologías de la Comunicación y la Información con Centros Poblados está en el riesgo del olvido o que Emilio Tapia y la exministra Karem Abudinen queden libres de culpa.
En este tejido de abuso de poder, detrimento patrimonial con los recursos públicos, omisión de inhabilidades para ejercer funciones públicas, permisividad en la violación de las disposiciones legales se agregan nuevas puntadas cada día. Es irritante la desfachatez de algunos servidores públicos cuando justifican sus desatinos. La respuesta del Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha que le notifica a los críticos de presuntas irregularidades en la entidad bajo su dirección que si creen que no tienen garantías no se presenten al debate electoral, es de una insólita provocación.
Con tantos desvíos Colombia sigue atrapada en el laberinto del ocultamiento de su realidad. Porque mientras se pretenda tapar el desgreño que se padece en todos los órdenes, se cierran las soluciones a ese tormentoso remolino de adversidades. Y a eso hay que oponer la acción democrática de los ciudadanos en las elecciones.
Puntada
La valiente carta de Piedad Córdoba al expresidente César Gaviria sobre el desastre del Partido Liberal es un documento que debe animar las elecciones de 2022. Así se defiende la democracia.
