Por Cicerón Flórez Moya El expresidente Álvaro Uribe Vélez muestra como uno de los trofeos (o huevitos) de su gestión de Gobierno en ocho años la llamada “Seguridad democrática”. Lo repite con énfasis de alarde y hasta como producto de exportación. Pero con la marca de esa “Seguridad democrática” fueron asesinados mediante procedimiento extrajudicial 6.402 jóvenes presentados intencionalmente como guerrilleros dados de baja en combate. Una operación sucia encomendada a militares activos de las Fuerzas Armadas del Estado. Y ese no fue el único capítulo correspondiente al linchamiento de colombianos. El paramilitarismo fue utilizado para el despojo de tierras de los campesinos y como fuerza de violencia para garantizar la protección de los intereses de los gamonales del feudalismo y de los empresarios del narcotráfico, como lo ha revelado sin timideces el exgobernador de Córdoba Benito Osorio, con nombres propios de los patrocinadores de los crímenes y los abusos perpetrados. Por eso se opusieron al acuerdo de paz con las Farc y se comprometieron a “hacerlo trizas”, lo cual han logrado mediante estrategias maquilladas de tácticas de engaño. Esa política con que se privilegia a la violencia y subestima a las víctimas ha continuado, lo cual explica la impunidad para los actores de los 1.184 líderes sociales y excombatientes de las Farc asesinados (son muchos más), así  como para los policías implicados en homicidios de manifestantes de las protestas sociales. Mientras la inseguridad se agudiza en el país, el gobierno