El Juzgado 50 Laboral del Circuito de Bogotá ordenó el arresto por cinco días del director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, y de la secretaria general de la entidad, Ángela Lorena Ortiz Rosero, además del pago de una multa equivalente a cinco salarios mínimos para cada uno.
La decisión judicial se produjo en el marco de un incidente de desacato relacionado con una acción de tutela interpuesta por la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia. La orden inicial había sido emitida el 16 de diciembre de 2025.
De acuerdo con el fallo, ambos funcionarios deberán cumplir cinco días de arresto y pagar una multa que en total supera los 31 millones de pesos.
Según explicó la senadora Valencia, el proceso se originó a raíz de un derecho de petición presentado el 20 de noviembre de 2025, mediante el cual solicitó información a la Agencia Nacional de Tierras sobre la presunta compra irregular del predio “Peñasgordas”, ubicado en el municipio de Dagua, Valle del Cauca.
La congresista señaló que el terreno estaría ocupado por campesinos desde hace más de dos décadas y cuestionó que la entidad no hubiera respondido oportunamente la solicitud de información.
“La Juez 50 Laboral del Circuito de Bogotá acaba de ordenar el arresto por cinco días del director de la Agencia Nacional de Tierras y de la secretaria general de la entidad, además del pago de una multa de cinco salarios mínimos cada uno”, afirmó Valencia.
La senadora también indicó que la jueza compulsó copias a la Fiscalía para investigar un posible fraude a resolución judicial, debido al presunto incumplimiento de la orden de responder el derecho de petición.
Asimismo, planteó interrogantes sobre posibles irregularidades en procesos de compra de tierras, señalando que se debería investigar si existe una práctica sistemática de cobro de comisiones en estos trámites.
Tras conocerse la decisión, el director de la ANT, Felipe Harman, aseguró que la entidad ya respondió el derecho de petición y que solicitó al despacho judicial revisar la medida.
En declaraciones a medios, el funcionario explicó que el desacato se configuró inicialmente por la falta de respuesta al requerimiento, pero sostuvo que posteriormente se envió la contestación correspondiente junto con las constancias al juzgado.
Según indicó, ahora esperan que la autoridad judicial tenga en cuenta esa respuesta para reconsiderar la medida adoptada.
Fuente: Noticiero del llano
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