Por Cicerón Flórez Moya – Si quienes tienen la responsabilidad de conducir a Colombia lo hicieran con sujeción a la Constitución la nación no seguiría atrapada en el laberinto de las violencias y completaría la construcción de la paz que le ha faltado en más de medio siglo consecutivo. En el artículo 2 de la Constitución se consagra que “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. Las autoridades también deben proteger la vida de todas las personas residentes en Colombia. El artículo 22 de la Carta dispone: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. No pueden quedar dudas sobre la prioridad que la Constitución le asigna a la paz. Pero quienes gobiernan contrarían esas disposiciones cuando montan una especie de cacería contra lo que se ha hecho para ponerle fin al conflicto armado. La insistente diatriba de deslegitimación del acuerdo con las Farc es una obsesión de corte guerrerista. Prefiere la confrontación a muerte a la desmovilización de los combatientes. Privilegia el exterminio de vidas y menosprecia la convivencia. La justificación de la