Médico Carlos Arturo Vallejo con expectativas de asumir la curul en la Cámara después de la renuncia de Juan Diego Muñoz
Con la sinergia de hacer gestión de proyectos y defender los intereses del Meta, desde la Cámara de Representantes, el médico, Carlos Arturo Vallejo Beltrán, aspira asumir la curul entre miércoles y jueves, para reemplazar a Juan Diego Muñoz Cabrera, quien renunció la semana pasada por quebrantos de salud.
Vallejo Beltrán, fue diputado del Meta a finales de 2023, y con 6.990 votos, quedó segundo en la lista de Alianza Verde tras participar en las elecciones de Congreso de la República en 2022.
Actualmente ejercía la profesión de médico y tenía su consultorio particular en el barrio Rosa Blanca. Estaba esperando un cargo que le iban a asignar en el Ministerio de Salud, precisó en entrevista periodística.
Entretanto, La carta de renuncia de Muñoz Cabrera, menciona razones de salud, pero no se descarta que la verdadera razón sea la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia.
En efecto, el 28 abril de 2023, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia informaba que abrió investigación contra el representante, Juan Diego Muñoz por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Eso por su actuación en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) cuando fue secretario de Educación del Meta en 2016 en el gobierno de Claudia Marcela Amaya García.
El 13 de marzo de 2023, la Procuraduría también informó que profirió pliego de cargos al exsecretario de Educación del Meta, Juan Diego Muñoz Cabrera y al exjefe de Asuntos Contractuales de la Gobernación, Juan Pablo Reyes González, por presuntas irregularidades en el desarrollo del PAE.
Según la Procuraduría, ellos habrían intervenido en la fase de planeación del contrato que incumplió con el aporte nutricional establecido por el Ministerio de Educación.
“Posiblemente se omitió en el componente técnico una minuta nutricional acorde a las exigencias del programa, lo que pudo afectar las necesidades nutricionales de la población escolar, con lo que habrían quebrantado los principios de economía, eficacia y responsabilidad”, dice el boletín de la Procuraduría.
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