Surgen dudas sobre culpables en la masacre de Santo Domingo
Santa Bárbara de Arauca. Nuevos elementos ponen en duda la responsabilidad de muchos que fueron declarados culpables durante las investigaciones adelantadas en torno a la masacre de Santo Domingo en Arauca donde murieron 17 personas y 27 más resultaron heridas.
Después de años y de varias condenas surgieron las dudas sobre la verdad de los hechos ocurridos el 13 de diciembre de 1988.
Uno de los pilotos, aún investigado por la masacre, dijo que ha recibido amenazas tras denunciar las presuntas irregularidades de la investigación que incrimina a la Fuerza Aérea, como autores del hecho y no a las Farc.
Según el dictamen de los técnicos en explosivos y topógrafos que inspeccionaron la zona, entre Santo Domingo y el lugar del impacto hay una distancia de 350 metros.
El alcance del artefacto es de 30 metros según prueba una comunicación oficial que reposa en el expediente del caso.
Un piloto indagado asegura que en la investigación hay irregularidades y afirma que las Farc instalaron un camión bomba en la zona.
Pedro Díaz Romero, magistrado de la JEP, tiene una investigación en curso por presunta manipulación de pruebas por sus investigaciones tras la masacre de Santo Domingo cuando era fiscal de derechos humanos.
Su defensa, según dijo en una de las indagatorias, se basó en los fallos judiciales que condenaron a la Fuerza Aérea como autores de las muertes.
"Lo que se trató aquí fue del bombardeo con un dispositivo clúster muy cercano a la población de Santo Domingo y donde resultaron asesinadas 17 personas", dice el fragmento de la indagatoria de Romero, en ese entonces fiscal.
Sin embargo, la defensa del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al estado por la masacre, presentó otra versión.
"Las muertes de las 17 personas y los 27 heridos se producen por un carro bomba que había instalado las Farc en la calle principal de Santo Domingo, y el Estado colombiano tiene unos elementos muy serios que respaldan esa versión", explica el exfiscal Eduardo Montealegre, que defendió al Estado ante la CIDH.
El caso se encuentra bajo estudio en la sala de definición de situaciones jurídicas, en un despacho diferente al del magistrado Pedro Díaz.
Twitter: @notillano Web: notillano.com – Enrique
