La violencia de las masacres se ensaña con los más vulnerables en Colombia

Klarem Valoyes Gutiérrez
Bogotá.  (EFE).- Las masacres de los últimos días en Colombia, que se cobraron 34 vidas, reflejan una disputa sangrienta entre distintos grupos armados tras la firma del acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC que pone a la población más vulnerable en permanente estado de indefensión.

Las víctimas de las recientes matanzas en los departamentos de Nariño, Cauca, Arauca y Valle del Cauca son en su mayoría jóvenes, campesinos, indígenas o afrodescendendientes, que históricamente están entre las comunidades más afectadas por el conflicto armado interno que no cesó con el acuerdo de paz con las FARC, firmado en noviembre de 2016.
«La crisis humanitaria que vive el departamento de Nariño crece de manera despiadada, la zozobra no nos permite vivir dignamente con el goce de derechos consagrados en la Constitución», manifestó  la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa).
El país no vivía un horror parecido hace años y aunque la firma de la paz y la desmovilización de las FARC trajo una esperanza, en zonas históricamente abandonadas por el Estado los enfrentamientos entre grupos armados hicieron imposible la reconciliación.
«Esto (las masacres) no es nuevo. Esto no es que haya salido de un momento a otro. Todo venía pasando desde hace dos años, lo que pasa es que la gente no había querido darse cuenta», dijo a Efe el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila.
Mientras algunas zonas del país se desangran, el Gobierno y sus críticos debaten sobre la incapacidad de la administración del presidente Iván Duque para cumplir su promesa de llevar seguridad a las regiones acorraladas por el conflicto.
Hay quienes critican a Duque por excusarse siempre en la herencia de la administración anterior y mirar por el retrovisor en momentos tan convulsos.
«Este es un pronunciamiento muy desafortunado porque confunde al público (al comparar ocho años con un año y medio) e ignora la tendencia al aumento en el número de masacres desde 2018. El reto es redoblar esfuerzos para enfrentar esta crisis, no maquillarla», cuestionó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

RESPUESTA IDEOLÓGICA
Las respuestas del Gobierno ante la creciente inseguridad demuestran que el país está frente a una parálisis institucional, subrayó Ávila.
Según dijo, la administración de Duque no entiende el problema de la violencia, se sigue justificando en el Gobierno anterior y no sabe qué hacer con la explosión de economías ilegales, mientras las Fuerzas Armadas están en medio de escándalos de corrupción y disputas internas.
«Si uno escucha al ministro de Defensa (Carlos Holmes Trujillo) él lo que dice es que todo es culpa del anterior Gobierno y del narcotráfico», agregó el analista.
«El Gobierno tiene una lectura ideológica del tema y no entiende el problema. Como no entiende el problema no es capaz de actuar. Echarle la culpa a Santos y solo al narcotráfico es una visión muy limitada del asunto», agregó Ávila a Efe.
El incumplimiento de algunos puntos del acuerdo de paz es una de las raíces del problema que hoy vive el país, pero para Ávila «aún si el Gobierno decidiera cumplirlo desde mañana, la situación ya es irreversible en algunas zonas».
«¿Es culpa de la falta de implementación del acuerdo? Sí, pero aún implementando eso hoy en el Catatumbo o en la zona del Pacífico nariñense, la cosa no va a mejorar. Ya hay zonas que se salieron de control y hay que esperar cinco o seis años para ver qué pasa», agregó.
«Como el Gobierno insiste en que el problema de seguridad obedece a un plan B de las FARC y a una conspiración santista, no entiende que aquí lo que hubo fue una transformación del crimen muy grande», agregó.
El experto asegura que «lo primero que el Gobierno tiene que hacer es entender esa nueva dinámica porque mientras no lo entienda y siga viendo esto con las lecturas tradicionales de hace diez años va a seguir cometiendo errores». EFE