CEJIL pide proteger víctimas de exparamilitar Mancuso en posible deportación
San José. (EFE).- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) reveló avances sobre las medidas para proteger a víctimas del exparamilitar Salvatore Mancuso, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), frente a su posible deportación a Italia.
«El Estado colombiano tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a derechos humanos vinculados a las masacres de Pueblo Bello, Ituango y otras. Esta obligación comprende la actuación diligente y expedita del Estado colombiano en el trámite de extradición a fin de que se conozca la verdad de lo ocurrido y los graves crímenes no queden en la impunidad», dijo la directora ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic.
El pasado 21 de agosto, la Comisión Colombiana de Juristas y el CEJIL solicitaron medidas ante la posible deportación de Mancuso a Italia, país de donde es nacional, en lugar de ser extraditado a Colombia, para cumplir las condenas emitidas en dicho país por violaciones a derechos humanos y aportar en el proceso de Justicia y Paz.
El Centro por la Justicia, parte demandante, indicó en un comunicado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) requirió información al Estado de Colombia el pasado lunes en relación con la solicitud de medidas provisionales pedidas a favor de las víctimas de tres casos de violaciones cometidas por paramilitares. Según las autoridades defensoras, la deportación a Italia pondría en riesgo la posibilidad de que cientos de víctimas en Colombia puedan acceder a justicia, verdad y medidas de reparación.
«La deportación de Salvatore Mancuso a Italia causaría una grave afectación a los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas y tendría como consecuencia una garantía de impunidad», afirmó director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón. CEJIL explicó había realizado esta solicitud de medidas para asegurarse de que el proceso de extradición ante el Gobierno de EE.UU. se lleve a cabo de manera expedita y con apego a las obligaciones de debida diligencia, con el fin de permitir que las víctimas de los casos masacres de Ituango (2002) y Pueblo Bello (1990) y Valle Jaramillo (1998) tengan garantías de acceso a la justicia.
Adicionalmente, busca que el Estado colombiano se abstenga de adoptar cualquier acción que pueda obstaculizar el trámite de extradición.
