FARC aviva controversia política y judicial por el asesinato de Gómez Hurtado

Bogotá. (EFE).- El asesinato del líder conservador colombiano Álvaro Gómez Hurtado es objeto de intensa controversia política un cuarto de siglo después de perpetrado por la atribución de ese crimen hecha por las FARC, una pista que da un giro de 180 grados al caso.

Los exintegrantes del Secretariado de las FARC se atribuyeron  el homicidio del político en un comunicado que generó un nuevo debate en Colombia, justo cuando distintos sectores cuestionan la voluntad de los desmovilizados para aportar a la verdad sobre el conflicto armado.
«Tras muchas horas de reflexiones individuales y colectivas, honrando nuestro compromiso con la construcción de un sociedad más justa fundada sobre los cimientos de la verdad más amplia y completa posible, hemos decidido esclarecer los hechos y las razones del homicidio de Álvaro Gómez Hurtado», dijeron sobre el crimen.
El reconocimiento ocurrió cuando falta un mes para que se cumplan 25 años del homicidio de Gómez, tiroteado en Bogotá el 2 de noviembre de 1995 cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda, en la que era catedrático.
El magnicidio de Gómez Hurtado, tres veces candidato presidencial, exembajador en Estados Unidos y durante varios periodos miembro de la Cámara de Representantes y del Senado, cumple 25 años de impunidad en la justicia colombiana, donde el caso promete enfrentar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con la Fiscalía General.
Sobre la autoría de este crimen se han tejido numerosas hipótesis pero nunca se había vinculado en las investigaciones a miembros de las FARC, como aseguraron este domingo varios exfiscales generales a medios de comunicación.
La Fiscalía declaró el homicidio de Gómez Hurtado como un delito de lesa humanidad, lo que evita que prescriba la investigación, pero la declaración de las FARC abre también la puerta para que la JEP tenga competencia en el caso por tratarse de un crimen ocurrido durante el conflicto armado.
«Ante la JEP y la Comisión de la Verdad explicaremos por qué Álvaro Gómez Hurtado era considerado por nuestra organización un objetivo militar y un enemigo de clase que representaba a quienes habían declarado la guerra a las nacientes FARC-EP y por qué decidimos callar este hecho todos estos años», dijeron.
Aunque la justicia transicional y la ordinaria puedan seguir diferentes líneas de investigación al tiempo y de manera independiente, esto podría generar un choque de trenes con la Fiscalía General, que citó a declarar recientemente a varios excapos de la droga y a líderes políticos, entre ellos la exsenadora Piedad Córdoba, que la semana pasada anunció tener información sobre los supuestos responsables del asesinato.
Álvaro Gómez fue una de las figuras políticas más importantes del país en el siglo XX e hijo del expresidente Laureano Gómez (1950-1951).
Su asesinato se produjo en un periodo de gran agitación política en Colombia, por entonces inmersa en el escándalo del llamado «Proceso 8.000» por la supuesta financiación del cartel del narcotráfico de Cali a la campaña electoral del presidente Ernesto Samper (1994-1998), del cual el político conservador era un severo crítico.
Samper, del Partido Liberal, ha sido señalado por la familia de Gómez como responsable del homicidio, por el que fueron investigados varios funcionarios del Gobierno de la época, entre ellos el entonces ministro del Interior Horacio Serpa. El anuncio de las FARC tomó a Samper y a Serpa por «sorpresa», como dijeron en un comunicado conjunto en el que aseguraron que esperan «conocer los detalles de modo, tiempo y lugar, que seguramente investigará la JEP, para hacer pronunciamiento definitivo sobre los mismos».
«En los últimos años hemos sido víctimas de los insultos y las calumnias de la familia de Álvaro Gómez, movidos por mezquinos intereses económicos. Asimismo, según esta revelación también hemos sido víctimas del silencio de las FARC sobre su responsabilidad en este homicidio», manifestaron.  Otra hipótesis sobre el magnicidio es que Gómez fue asesinado por negarse a hacer parte de una conspiración que buscaba sacar a Samper del poder, como lo aseguró en febrero de este año el mismo expresidente en una comparecencia voluntaria ante la Comisión de la Verdad, en la que reconoció que pese a que Gómez era su rival político, también era su «amigo personal».El reconocimiento del crimen por las FARC no convence a los familiares de Gómez Hurtado -especialmente a su hijo Mauricio Gómez- que calificaron el anuncio como un montaje para desviar y exonerar las responsabilidades de los involucrados en el que para ellos es un crimen de Estado.
En esa misma línea se pronunció el presidente Iván Duque, discípulo de Gómez en la Universidad Sergio Arboleda, quien ayer cuestionó que los antiguos mandos de la guerrilla se atribuyan el crimen dos décadas después cuando, según dijo, «ya hay garantías de que nadie va a pagar cárcel».
El mandatario advirtió que ese reconocimiento «no deja de generar dudas, sospechas, preocupaciones», por lo que advirtió que la justicia debe contrastar la información que entreguen las FARC con las versiones de la familia de Gómez para que «ese crimen horrendo sea esclarecido y no quede ningún ápice de duda».
Por su parte, el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018), cuyo Gobierno firmó en 2016 la paz con las FARC, dijo que este es «un gran paso hacia la verdad, base de la reconciliación». EFE