La JEP comienza estudio de crímenes de FARC contra fuerza pública
Bogotá. (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comenzó el estudio formal de los crímenes de guerra cometidos por la guerrilla de las FARC contra integrantes de la fuerza pública en 17 municipios del suroeste de Colombia al acreditar como víctima a un soldado lesionado por una mina antipersonal.
La Sala de Reconocimiento del alto tribunal acreditó al soldado del Ejército, cuyo nombre no divulgó, por las lesiones que sufrió por la explosión de una mina en el marco del Caso 5, que investiga la «Situación territorial en la región del norte del Cauca y del sur del Valle del Cauca».
En un auto, la JEP señaló que el soldado «fue víctima de delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, que deben ser esclarecidos por la JEP».
Igualmente precisó que el uso de minas antipersonales puede considerarse como crimen de guerra de acuerdo con las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que son aplicables al momento de los hechos y «teniendo en cuenta la naturaleza indiscriminada de estas armas y su potencial de causar sufrimientos innecesarios».
La víctima acusa a los miembros del Frente Sexto de la desmovilizada guerrilla de las FARC -liderado entonces por Miguel Ángel Pascuas, conocido como «Sargento Pascuas» y uno de los cofundadores de ese grupo armado en el año 1964- de ser los responsables de lo que le ocurrió.
El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, calificó de «decisión histórica» la tomada por la JEP porque «ha reconocido como víctima a un soldado profesional del Ejército de Colombia, quien fue herido por una mina antipersonal».
Igualmente valoró que «este crimen de la instalación de minas antipersonal sea considerado por primera vez» por la JEP como un «crimen de guerra».
Esta decisión se conoció una semana después de que la JEP acusara por primera vez a las FARC por crímenes de guerra e imputó a sus últimos ocho jefes por los secuestros y otros graves delitos relacionados con la privación de la libertad cometidos durante el conflicto armado.
También los acusó de otros crímenes de guerra relacionados, como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.
Los acusados son Rodrigo Londoño, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente de Comunes, partido surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo, así como los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda. EFE
