Pese a los intereses criminales y económicos, La Macarena le hace frente a la deforestación
La Macarena De Irene Escudero. (EFE).- Hay zonas en la Sierra de la Macarena, uno de los grandes pulmones colombianos, donde es fácil olvidar que es el comienzo de la selva amazónica y, con cuadros perfectos de bosque arrasado o quemado, parece que la deforestación ganó la batalla.
Basta con sobrevolar esta vasta serranía o transitar por una de las pocas carreteras destapadas por las que se puede acceder a ella para ver los estragos que ha causado en los últimos años la tala indiscriminada de árboles, que rozó máximos históricos en 2017 y continúa.
«El 2020 fue el año de más deforestación, por lo menos en los últimos tres o cuatro años», asegura a Efe Sergio Iván Núñez, secretario de Medioambiente del departamento del Meta, donde se encuentra este Parque Nacional Natural.
En 2020 en Colombia, se perdieron 171.685 hectáreas de bosque, lo que equivale a una superficie superior a la de ciudades como Río de Janeiro o Medellín, y la mayoría de estos árboles se concentraban en el cinturón del centro-sur del país, en los departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare.
El Meta fue donde más aumentó este problema, con más de 35.500 hectáreas de bosque tumbado y un aumento del 8 % respecto a años anteriores, cuando la tendencia venía a la baja.
Como resume el secretario, resulta una paradoja: «Mientras el mundo se cerró (por la pandemia de covid-19), en las zonas más apartadas se generaron efectos negativos en materia ambiental».
El pronóstico inicial para el Meta era de 54.000 hectáreas deforestadas y finalmente fueron 35.556. «Es una cantidad gigante, 36.000 hectáreas es muchísimo bosque que perdimos, pero pudo ser peor», se consuela Núñez.
La Macarena es un bosque espeso que une la Amazonía, los Andes y la Orinoquía, en su mayoría virgen, donde no viven más que aves, cocodrilos, pequeños mamíferos y especies más exóticas como osos hormigueros o jaguares, pero que tiene también amplias zonas de matorral y rastrojos que arden con suma facilidad.
El camino que une el salvaje río Guayabero con uno de los principales atractivos del parque, Caño Cristales o «el río de los siete colores», una senda de tierra construida por la antigua guerrilla de las FARC, es reflejo de ello: a los lados no hay más que una llanura de secos matorrales, un esfuerzo de la naturaleza para intentar recuperar el espacio que hace años se le arrebató.
Es por eso que la forma de deforestar más sencilla es prenderle fuego; el «descole» como lo llaman. «En época seca esto es un combustible para los árboles grandes, simplemente se inicia una llama y se queman grandes cantidades de bosque», resume Núñez. El «descole» es económico y la forma más rápida para hacerse con el control de tierras que quedan en manos de ganaderos, a los que les pagan por tomar esa tierra quemada irregularmente.
Detrás de estas maniobras el Gobierno dice que hay «criminales», los mismos que copan las rutas de narcotráfico que pasan por esta zona estratégica que forma un arco que va desde el Pacífico hasta Venezuela.
Y señala directamente a varios frentes de disidencias de las FARC que aún tienen control de esta zona por la que es tan difícil circular.
Aunque detrás de la deforestación de la Macarena también hay empresas. «Para deforestar 200.000 hectáreas en menos de nueve años se necesita muchísima plata y esa no la tienen campesinos ni la gente de la región, la tienen poderosos, esos son los que están detrás de esto», señala el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga.
Hay, según las acusaciones de la Fiscalía, dueños de grandes supermercados o empresarios con fachadas en otras partes del país. Para luchar contra la deforestación en uno de los países más afectados del mundo, el Gobierno desplegó una gran operación militar, llamada Artemisa, criticada por detener a campesinos bajo falsas acusaciones, y también dispone de aviones remotamente pilotados para monitorear a tiempo real la serranía (siempre que el cielo no esté encapotado), así como de helicópteros y avionetas.
Sin embargo, las autoridades apuestan por la educación, por pagar para que se conserven bosques y convencer a las comunidades de optar por actividades como el ecoturismo.
Este año, aseguran las autoridades locales, el panorama pinta mejor: a pesar de que se han talado 15.400 hectáreas en el Meta en el primer trimestre de 2021, la cifra disminuyó un 36 % si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior. EFE