El proceso de paz debe defenderse, apoyarse y que el gobierno pase de la grandielocuencia a la realidad
Gracias a la visita del Secretario General de la ONU y la actitud de Presidente de la JEP, los cinco años del acuerdo de paz, generaron expectativa, reconocimiento y respaldo mundial.
Así lo indicó Juan Camilo Restrepo, el exministro, figura de la intelectualidad colombiana, economista y analista del diario acontecer.
En su columna de El Nuevo Siglo señala que es desafortunado que el tema de la paz y de las instituciones que la enmarcan esté sirviendo de arma arrojadiza entre partidos y candidatos en la presente campaña política.
Olvidando que la paz debe ser un propósito nacional y no un efímero tema de campaña electoral. Las encuestas de opinión siguen mostrando que la mayoría ciudadana respalda los acuerdos a pesar de tantos ataques infundados que a menudo se les hace. Esto lo debían registrar quienes han hecho su razón de ser atacar constantemente el proceso de paz. Contrastó esta semana, por ejemplo, que mientras el presidente Duque hizo un gesto de reconocimiento, aunque con salvedades al proceso de paz, el expresidente Uribe se dejó venir con su vitriólico ataque.
El departamento de historia del Externado de Colombia publicó hace algún tiempo un magnífico libro cuyo tema es simple, pero trascendental: ¿Cómo finalizaron todas y cada una de las numerosas guerras civiles del siglo XIX? La conclusión es rotunda: todas, sin excepción, terminaron en concesiones, indultos y amnistías generosas para con los perdedores. La lectura de este libro deberían hacerla quienes encuentran inconcebible que se hubiera creado la JEP o la justicia transicional. O que se hayan habilitado curules en el congreso para las Farc y las víctimas. ¿En qué estaríamos si hace cinco años no se hubieran firmado estos acuerdos y si no hubieran entregado las armas más de 10.000 militantes de las Farc? Es bueno reflexionar sobre esto.
¿Ha habido falencias en la implementación de los acuerdos? Claro que sí. Los extendidos cultivos de coca y los permanentes asesinatos de líderes cívicos y defensores de derechos humanos son acaso la más viva comprobación.
A propósito: corre el rumor de que el gobierno no está interesado en renovar el mandato de seguimiento que realizan estas dos entidades. Sería muy grave. La implementación correcta y honesta de los acuerdos depende, en gran medida, de que haya veedores independientes y creíbles como lo son el instituto Croc y el Cerac.
No solo durante el gobierno Duque sino desde el anterior ha habido lo que podríamos denominar una “desidia presupuestal inexcusable”, para dotar de fondos presupuestales adecuados a las instituciones encargadas de implementar los acuerdos de paz. La apropiación de recursos no ha estado durante los últimos años a la altura de la noble tarea asignada. Ojalá el próximo gobierno corrija esta deficiencia que abre una brecha permanente entre el discurso grandilocuente de los gobiernos y las pobres realidades del posconflicto.
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