Latinoamérica carece de programas de protección eficientes para periodistas
Ciudad de México. (EFE).- México, Brasil, Colombia y Honduras suman 134 periodistas asesinados entre 2012 y 2021, con lo que concentran el 90 % de los casos en América Latina y son un reflejo de la ineficiencia de los programas de protección, según un reporte publicado e por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) y realizado en colaboración con la Unesco.
Además, en los dos primeros meses de 2022 se registraron otros siete homicidios a comunicadores -cinco de ellos en México-, según detalló el informe «Bajo riesgo: cómo superar las deficiencias de los programas de protección de periodistas en América Latina», resultado de una exhaustiva investigación y comparación de los mecanismos de protección para informadores de los cuatro países más afectados por la violencia contra la prensa.
El documento «proporciona por primera vez una perspectiva regional sobre los mecanismos pero sin pasar por alto especificidades y llega en un momento de gran vulnerabilidad para la prensa latinoamericana», dijo en conferencia de prensa de presentación Emmanuel Colombié, director regional de RSF para América Latina.
En este sentido, la organización recordó que los periodistas también son víctimas de agresiones físicas y verbales, amenazas, secuestros o detenciones arbitrarias, en las que pueden enfrentarse a procedimientos judiciales abusivos, actos de espionaje o la destrucción de su material de trabajo, entre otros abusos.
Ante esto, y gracias a la presión ejercida por la sociedad civil y las organizaciones internacionales, los Gobiernos de los países estudiados cuentan con programas de protección para periodistas.
En México, RSF encontró graves deficiencias a la hora de sentenciar a los agresores, con lo que se limita la capacidad de respuesta en un país donde la prensa «ha sido y sigue siendo estigmatizada por los poderosos», según el informe.
Pero el país cuenta con participación social institucionalizada en el mecanismo, con lo que se puede lograr una evolución en las políticas públicas, apuntó.
Para este país, RSF recomienda la división de responsabilidades -siempre con coordinación- entre los niveles federal y local, mayor inclusión de la sociedad civil y aumento «considerable» en el presupuesto, además de la inclusión de medidas de urgencia eficaces y un enfoque interseccional que tenga en cuenta el género, etnia o diversidad sexual, entre otras.
Colombia cuenta con el gran problema de la falta de transparencia y participación social de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la falta de compromiso por parte de las instituciones para abordar las causas estructurales de la violencia, por lo que su mecanismo se limita a la provisión de protección física. Por otra parte, cuenta también con un sólido marco regulatorio y un buen presupuesto que permite que haya 8.000 beneficiarios.
En este país es necesario que se adopte una visión integral de la protección que vaya más allá de lo físico, que se garanticé la seguridad y fiabilidad en la gestión de datos personales y se entienda que cada persona protegida tiene sus especificidades. EFE
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