DENUNCIAN «FALSOS POSITIVOS» EN OPERATIVO MILITAR CON 11 MUERTOS EN COLOMBIA
DENUNCIAN «FALSOS POSITIVOS» EN OPERATIVO MILITAR CON 11 MUERTOS EN COLOMBIA
Laia Mataix Gómez
Bogotá. (EFE).- Una operación militar que buscaba capturar a uno de los líderes de la Segunda Marquetalia de las FARC y que se saldó, según el Ejército, con 11 disidentes muertos, acabó, según denunciaron organizaciones sociales, convertida en una masacre de un grupo de indígenas en el departamento del Putumayo, que el Ejército luego trató de hacer pasar por guerrilleros.
En la vereda El Remanso, en el municipio de Puerto Leguízamo situado en este departamento fronterizo con Ecuador, «hubo una emboscada el pasado lunes 28 de marzo por parte del Ejército Nacional, que empezó a disparar a la población civil», que estaba reunida participando en «una actividad veredal», cuenta a Efe José Homero, presidente de la Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP).
El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció el lunes que en «operaciones de nuestra Fuerza Pública, se logró la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las FARC y la captura de 4 criminales más en Puerto Leguízamo (Putumayo)», con una mujer embarazada entre los capturados.
Sin embargo, los reportes que han llegado de la zona desde entonces preocupan a las organizaciones sociales que temen que se trate de una masacre, e incluso de un nuevo caso de «falsos positivos», más que de un operativo militar contra las disidencias.
La comunidad estaba realizando un bazar en una caseta comunal, adyacente a una cancha de fútbol de uso de los vecinos, que tenía el fin de recolectar fondos para atender necesidades de la misma vereda.
En la actividad estaba presente una autoridad indígena, concretamente el gobernador del pueblo Kitcwhwa, Pablo Panduro Coquinche, quien «lamentablemente fue vilmente asesinado con la presencia de su hijo, que también se encontraba ahí», relata Homero.
En la masacre, donde murieron once personas, también habría fallecido el presidente de una Junta de Acción Comunal, además de otros dos indígenas y un menor de edad, mientras que cuatro personas habrían resultado heridas, algunas de gravedad.
Tras la muerte de las 11 personas, el Ejército colombiano procedió a ponerles a los cadáveres «botas y consumible para poderlos hacer pasar por integrantes de las disidencias de las FARC. Este es un tema muy preocupante y muy alarmante, que los falsos positivos vuelvan», aseguró Homero.
Por su parte, Rivadeneira explica que tras el ataque los soldados «no dejaban entrar ni salir de la vereda» y que «a los muertos les pusieron armas», mientras que Homero recuerda que «las personas eran civiles, sin armas».
Desde las organizaciones civiles de pueblos indígenas han pedido al Gobierno una «acción urgente» y al Ministerio de Defensa que «se retracte y aclare que las personas asesinadas por el Ejército Nacional no eran guerrillero sino población civil», pide la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) en un comunicado.
«FUEGO NUTRIDO» EN RESPUESTA AL EJÉRCITO
El Ejército, por su parte, defiende que el objetivo del ataque era Carlos Emilio Loaiza, alias «Bruno», parte de la comisión financiera del comando de frontera de la Segunda Marquetalia.
El objetivo de la incursión militar era la captura de esta persona, «pero en el momento que se esta realizando la maniobra se generó el combate porque las estructuras se dan cuenta y se empieza a generar un intercambio de disparos», relató el mayor general Juan Carlos Correa Consuegra, comandante de la división de Aviación Asalto Aéreo del Ejército.
Según este militar, en la zona «hay confrontación entre dos grupos armados que está generando inseguridad, desplazamiento y riesgo a la población civil», y las denuncias de las juntas comunales y los recientes asesinatos motivaron el lanzamiento de esta operación.
A su llegada a la vereda, fueron recibidos con «combates fuertes y fuego nutrido», agrega Correa, quien insiste en que «esta operación cumplió en todo su desarrollo -que fue de 10 días- con los protocolos». Además, resalta que la operación se realizó a las 6.30 de la mañana, y «no había ninguna actividad» de civiles, como aseguran los indígenas.
Tras las acusaciones por parte la población, desde el Ejército indican que «ahora la investigación está en manos de la Fiscalía».
Por su parte, la Defensoría del Pueblo solicitó el «pronto esclarecimiento» de las muertes en Puerto Leguízamo, para insistir en que » la población civil debe quedar al margen de cualquier tipo de acción en el marco del conflicto y que su derecho a la vida debe ser siempre protegido».
Los «falsos positivos» son una de las consecuencias más atroces del conflicto armado colombiano, cuando miembros del Ejército asesinaban a civiles para posteriormente hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate. EFE Twitter:@notillano Web:notillano.com
