Alcalde de Mesetas involucrado en líos con la Justicia por supuestos hechos de corrupción
Un Fiscal de la Unidad Anticorrupción acudió ante un Juez con función de control de garantías e imputó cargos al Alcalde de Meseta, Yonnier Alfredo Flórez Mendieta, y a otras cuatro personas entre funcionarios y un contratista.
Durante la audiencia celebrada en el municipio, el ente persecutor del delito les enrostró las conductas punibles por celebración indebida de contrato, incumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento y peculado por apropiación.
Las supuestas irregularidades por las que son investigados, hacen referencia a manejos de dinero para atender la emergencia genera por la Pandemia del Coronavirus en mayo de 2020.
Adquirieron elementos de Bioseguridad, mediante un contrato por valor de más de $130 millones, con posible sobrecosto que superarían los $48 millones.
El Alcalde, Yonnier Alfredo y los otros cuatro investigados, no aceptaron cargo y sin embargo la Fiscalía alista una petición de medida de aseguramiento que sustentará en próxima fecha ante el mismo Juez de garantías.
El Togado, determinará si los elementos de valor que presente el Fiscal de la Unidad de delitos contra la Administración pública, comporta para una medida de aseguramiento Privativa o no privativa de la libertad.
La investigación se desprende de los traslados o compulsas de copias que, a mediados del año pasado 2020, hizo la Contraloría departamental del Meta, después de diligencias preliminares de Auditorias y hallazgos.
Para ese entonces, el presidente de la República, Iván Duque, declaró el Estado de Emergencia Social, Económico y Ambiental, y facultó a los Alcaldes y Gobernadores, obviar los trámites administrativos propios de la contratación y acceder a contratación directa, para que compraran mercados y otros, y así poder atender humanitariamente a las familias más pobres y vulnerables.
Varios mandatarios, no previeron que los entes de control como la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, iban a estar sobre ellos vigilando la manera como actuarían en el manejo de los recursos. De hecho, toda actuación administrativa, los Alcaldes y Gobernadores, debían de someterla a un control de legalidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
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