Asesinatos de líderes sociales reflejan deterioro de la seguridad en Colombia

Jorge Gil Ángel

Bogotá. (EFE). Los asesinatos de al menos 19 líderes sociales en los primeros días del año reflejan el deterioro de seguridad que vive Colombia a causa de la violencia política, del narcotráfico y las economías ilegales.

Uno de los casos más recientes fue el de Jorge Luis Betancourt, líder campesino y coordinador de deportes de la Junta de Acción Comunal (JAC) del corregimiento (pueblo) de San Francisco del Rayo, asesinado por desconocidos en esa localidad del departamento caribeño de Córdoba.

Betancourt, de 42 años, vivía con sus tres hijos y su esposa en San Francisco del Rayo, que hace parte del municipio de Montelíbano, donde le dispararon frente a sus familiares, modus operandi que se ha repetido con varios de los líderes asesinados en 2020.

En el convulso departamento del Cauca, en el suroeste del país, también mataron esta mañana al indígena Yaiber Alexander Quitumbo cuando estaba en su parcela en una zona rural del municipio de Toribio.

Estos asesinatos generaron el rechazo, entre otros, del senador indígena Feliciano Valencia, quien pidió al presidente colombiano, Iván Duque, que "detenga el genocidio".

El analista y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, dijo a Efe que a los líderes los están matando porque "se oponen a economías ilegales y lideran procesos de restitución de cultivos", así como por su "participación en política".

La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó este martes en Ginebra su preocupación por "el significativo número de defensores y defensoras de derechos humanos que fueron asesinados en Colombia durante el año 2019".

"De acuerdo a nuestros registros, 107 activistas fueron asesinados el año pasado, y nuestro equipo en Colombia sigue en proceso de verificación de 13 casos adicionales que fueron reportados a lo largo de 2019, los cuales, de ser confirmados, aumentarían el total anual de muertes a 120 asesinatos", destacó la portavoz de la oficina Marta Hurtado.

Por ello hizo un llamado al Gobierno para que "realice un extenuante esfuerzo para prevenir ataques contra personas que defienden los derechos fundamentales, para investigar todos y cada uno de los casos y enjuiciar a los responsables de estas violaciones".

"La gran mayoría de los 107 asesinatos en 2019 tuvieron lugar en áreas rurales, casi todos ellos (98 %) en municipios con economías ilícitas donde operan grupos criminales o armados, y el 86 % del número total tuvo lugar en veredas con tasa de pobreza por encima del promedio nacional", sostuvo.

El 2020 tampoco comenzó bien porque "al menos 10 defensores de derechos humanos, según información preliminar" de ese organismo, fueron asesinados mientras que organismos sociales los cifran en 19.

POLÍTICA FALLIDA

Para Ávila, los asesinatos de líderes sociales son producto de una política gubernamental que "ha resultado ser muy limitada", así como de "regiones incendiadas" cuya seguridad se ha "deteriorado en los últimos cuatro meses".

"En medio de ese deterioro de la seguridad han caído los líderes sociales y la política, como es muy limitada, no ha tenido cómo prevenir esos homicidios", explicó el analista.

Es por ello que el experto instó al Gobierno a "pasar de una política reactiva a una política mucho más preventiva".

"El mayor esfuerzo tiene que ser por parte de la Justicia. En lo fundamental hay que buscar quiénes son los que están pagando para matar líderes sociales, los autores intelectuales y los que llaman determinadores", manifestó y lamentó que los asesinatos continúen: "Esto va a ser un tema largo y doloroso".

ASESINATOS SISTEMÁTICOS

El analista Alejo Vargas, profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional, manifestó a Efe que los asesinatos de líderes sociales son sistemáticos.

"Es evidente que sí están matando a líderes que se ocupan de determinados temas, de determinados tipos de demandas sociales y en muchas ocasiones que pertenecen a similares organizaciones indígenas y políticas, pues todo eso permite mostrar una sistematicidad", aseveró.

Vargas también señaló que la coyuntura del país influye en estos crímenes, especialmente "los tipos de demandas que muchos de esos líderes agencian, la mayoría de ellos son temas de sustitución de cultivos, en los que evidentemente hay grupos organizados que están en contra".

"Igual pasa con los líderes que promueven restitución de tierras o con defensores de derechos humanos. Ahora en esta coyuntura también es importante tener en consideración que, pese a que ya se eligieron autoridades locales y regionales, sigue en disputa la conformación de las instancias de poder regional y local", afirmó.

ASESINATOS DE EXGUERRILLEROS

En su último informe trimestral divulgado en Bogotá el pasado 31 de diciembre, la ONU indicó que 2019 fue "el año más violento" para los exguerrilleros de las FARC que se acogieron al acuerdo de paz, pues en ese periodo fueron asesinados 77 desmovilizados.

Incluso las autoridades colombianas descubrieron el fin de semana pasado un plan para atentar contra el líder del partido FARC, Rodrigo Londoño, ordenado por una disidencia de la que hacen parte el exnegociador de paz de la antigua guerrilla Luciano Marín, alias "Iván Márquez", y Hernán Darío Velásquez, alias "El Paisa". EFE