Contratos irregulares por $ 54.310 mil millones en el Meta, estableció la Contraloría General

Nueve hallazgos administrativos con presunta connotación fiscal por valor de $54.320 millones de pesos, encontró la Contraloría General de la República en una Actuación Especial de Fiscalización a proyectos financiados con recursos de regalías que contrataron la Gobernación del Meta y algunos municipios de este Departamento. 

Los hallazgos más representativos están relacionados con el mejoramiento del Coliseo Alan Jara Urzola, en el municipio de Granada ($16.409 millones); el proyecto de Construcción de la Torre Mirador, en Puerto López ($16.180 millones de pesos); y un proyecto de vivienda prioritaria, en Acacías ($12.004 millones). 

Por los menos unos cuatro proyectos objeto de la Actuación Fiscal de la CGR fueron incluidos en la estrategia de control fiscal participativo “Compromiso Colombia”, con la cual este organismo de control busca destrabar la ejecución de proyectos que presentan complicaciones, para que puedan ser concluidos.  

Sin embargo, por incumplimiento de las entidades y contratistas comprometidos, no fue posible concretar la finalización de obras como la construcción de la Torre Mirador, en el municipio de Puerto López, y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR segunda etapa, que beneficiaría a la zona urbana del municipio de Puerto Gaitán, por lo que en cada uno de estos casos se configuraron hallazgos fiscales.  

Vivienda prioritaria sin agua potable 

La Contraloría General de la República determino un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por un valor de $12.004 millones de pesos, por las irregularidades detectadas en un proyecto de vivienda de interés prioritario impulsado por la Gobernación del Meta y financiado con recursos de regalías. 

El hallazgo tiene relación con el contrato de obra 191 de 2017, celebrado entre la Gobernación del Meta y la Unión Temporal San José, cuyo objeto era la construcción de 220 unidades de vivienda para población vulnerable ubicadas en el municipio de Acacias, en la urbanización denominada Nueva Jerusalén. 

Sin embargo, durante el proceso auditor realizado por la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías de la CGR, se evidenciaron deficiencias relacionadas con las condiciones mínimas de habitabilidad en las torres de apartamentos construidos. 

En la visita técnica que adelantó una comisión de auditores de la Contraloría, se hicieron evidentes las demoras en la ejecución del proyecto, pues inicialmente se pactó un plazo de 12 meses y la ejecución real del contrato fue de 21 meses, finalizando efectivamente el 9 de agosto de 2019.  

A la fecha, según el acta de recibo final de la obra, el proyecto finalizó sin contar con acabados de las zonas comunes, alumbrados exteriores, tanques subterráneos para almacenamiento de agua potable, sistemas de bombeo y obras de urbanismo (andenes, sardineles y carpetas asfálticas).  

La ausencia de tanques subterráneos para almacenamiento de agua potable y de sistemas de bombeo impide la llegada de agua a los apartamentos, afectando con ello las condiciones de habitabilidad mínima exigidas por las normas en la materia.   

Se pudo establecer que el constructor y el interventor no verificaron las condiciones de presión con las que la Empresa de Servicios Públicos de Acacias viabilizó y certificó la disponibilidad del servicio. 

Adicional a ello, se comprobó que el contratista de obra y el interventor tenían conocimiento de las deficiencias de presión en el suministro del agua potable, dado que habían realizado una prueba piloto en condiciones no convencionales de suministro del líquido 

Dicha prueba, que se llevó a cabo a altas horas de la noche y con restricción del suministro de agua en las zonas aledañas, arrojó como resultado que, al realizar la conexión de las redes hidráulicas a la red de acueducto municipal, el agua no se elevaba hasta los tanques ubicados en la cubierta de las torres. 

Pese a ello, el contratista de obra, con el consentimiento de la interventoría, decidió continuar con la ejecución del proyecto sin adoptar ninguna medida correctiva, ni preventiva que garantizara la entrega de las viviendas a la población vulnerable beneficiaria, en condiciones dignas de habitabilidad.  

En consecuencia, la Contraloría General de la República configuró un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por el valor del proyecto ($12.004 millones de pesos). 

Daños por $15.458 millones de pesos en  

el proyecto del ColiseoAlan Jara Urzola  

Otro de los proyectos objeto de auditoría por parte de la CGR es el mejoramiento del Coliseo Alan Jara Urzola en el municipio de Granada, por un valor total de $16.409 millones de pesos, de los cuales $14.573 millones provienen del Sistema General de Regalías. 

El contrato de obra 005 de 2015 tenía un plazo inicial de ejecución de 9 meses,  

Luego de transcurridos 47 meses desde el inicio del contrato, la obra no ha sido finalizada con todos los requerimientos exigidos técnicamente, ni entregada a la administración municipal, ni mucho menos puesta a disposición de la población beneficiaria. 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría General presentó observaciones relacionadas con fallas en la planeación, retrasos en la ejecución de los contratos de obra y de interventoría, deficiencias en la ejecución de las actividades contratadas según los requerimientos técnicos, jurídicos y económicos que exige este tipo de construcción, y una gestión fiscal deficiente y antieconómica.  

El organismo de control llama especial atención sobre la ausencia de las certificaciones RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), y RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público), que son requisitos sine qua non para la puesta en funcionamiento del bien público.  

Por lo anterior, la entidad configuró una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $15.458 millones de pesos.  

No se cumplió el compromiso para reactivar 

obras con problemas de ejecución 

Mediante la estrategia de control fiscal participativo de la Contraloría General de la República “Compromiso Colombia”, se buscó facilitar en el 2019, la consecución de las metas trazadas para el proyecto de Construcción de la Torre Mirador en el municipio de Puerto López, que ha demandado una inversión de $16.568 millones de pesos, entre obra e interventoría.  

Esta infraestructura turística llevaba dos años y siete meses de retraso en su ejecución, cuando se suscribió la estrategia implementada por la CGR. 

El compromiso adquirido por el Instituto de Turismo del Meta era la finalización de la obra contratada en las mejores condiciones de calidad; la entrega oportuna de la infraestructura por parte del contratista y la garantía de su operación y puesta en funcionamiento.  

Sin embargo, a pesar de la gestión adelantada por parte la CGR, y el compromiso asumido por la entidad contratante, ésta incumplió.  

Aunque han transcurrido aproximadamente 12 meses desde la firma del Compromiso Colombia, el organismo de control evidenció que no se han llevado a cabo las acciones suficientes que conduzcan a la entrega efectiva del complejo turístico por parte del contratista Consorcio Matapalo. 

Adicionalmente, el Instituto de Turismo del Meta no cuenta con operador designado para la administración y puesta en funcionamiento del complejo turístico.  

Por lo anterior, se configuró un hallazgo con posibles incidencias disciplinaria y fiscal por valor de $16.180 millones de pesos. 

Más incumplimientos 

Similar situación se presentó en el municipio de Puerto Gaitán, donde se incumplió la estrategia Compromiso Colombia suscrita para los proyectos pertenecientes al sector Vivienda, Desarrollo Urbano, Agua Potable y Saneamiento Básico.  

Uno de los proyectos tiene como objetivo la ampliación del sistema de acueducto y alcantarillado en el municipio, con una inversión de recursos del orden de $76.501 millones de pesos, en obras que iniciaron desde el 6 de septiembre de 2016;   

Y el otro proyecto consiste en la construcción de la Planta de Tratamiento de aguas Residuales PTAR segunda etapa, que beneficiaría a la zona urbana del municipio de Puerto Gaitán, con una inversión de recursos del orden de $16.004 millones de pesos, en obras que iniciaron desde el 6 de marzo de 2018.  

Ambos proyectos presentan retrasos prolongados en sus ejecuciones, y pese a haber trascurrido más de un año desde la firma del respectivo compromiso, continúan adicionándose en tiempo y recursos los contratos mediante los cuales se lleva a cabo las obras.  

De la inversión de recursos en dichos proyectos se establecieron tres hallazgos administrativos con posible incidencia fiscal por valor de $9.373 millones de pesos, configurados por los mayores valores reconocidos en ejecución de ítems contractuales por acarreos de material y sub-bases. 

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