Dos eutanasias a pacientes no terminales ponen a Colombia en la vanguardia
Irene Escudero
Bogotá. (EFE).- Martha Sepúlveda y Víctor Escobar han puesto a Colombia en la vanguardia al derecho a morir dignamente. Ambos eran pacientes con enfermedades que no estaban en fase terminal y ambos decidieron, voluntariamente y para evitar sufrimiento, ejercer su derecho a la eutanasia este comienzo de año.
Escobar, de 60 años, sufría una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis, diabetes e hipertensión y recibió la eutanasia en una clínica de Cali.
«Se logró llegar al objetivo de que pacientes como yo (…) llegáramos a ganar esta batalla, que abre las puertas para los demás pacientes que vienen detrás de mí y que, en estos momentos, desean una muerte digna», dijo entonces Escobar como despedida, sabiéndose pionero y consciente de que su caso allanaría el camino para hacer conocer a los que sufren por una enfermedad incurable que pueden acceder a una muerte digna médicamente asistida.
LA LUCHA DE MARTHA
Sin embargo, el primer procedimiento eutanásico aprobado para una paciente en estado no terminal fue el de Sepúlveda, una mujer de 51 años con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Después de recibir la autorización el pasado septiembre y a 30 horas de que se le hiciera el procedimiento, en el Instituto Colombiano del Dolor (Incodol) de Medellín se lo cancelaron alegando que no cumplía el requisito de tener una enfermedad terminal, a pesar de que ya no era necesario.
«Fue un golpe durísimo, fueron unos meses durísimos para ella» – señala su abogada, Camila Jaramillo-, «30 horas antes de que te vas a morir ya estás preparado para ello». Sin embargo, Sepúlveda tuvo que esperar una tutela que le daba la razón y hasta este sábado no pudo cumplir con su deseo de morir.
«El legado de Martha se construye sobre las historias de vida y los casos que a lo largo de 29 años han llegado a la Corte Constitucional y han permitido que Colombia sea uno de los pocos países del mundo en los que la muerte digna y la eutanasia son un derecho de los ciudadanos», afirmaba el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB), desde el que Sepúlveda llevaba su caso. EFE
