El Gobierno admite que no ha formalizado la solicitud de extradición de Mancuso
Bogotá. (EFE).- El Gobierno colombiano admitió que no ha formalizado la solicitud de extradición del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, líder de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que está detenido Estados Unidos y puede ser deportado a Italia.
El Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que el pasado 20 de agosto radicó ante el Departamento de Estado de EE.UU. «la solicitud de detención preventiva con fines de extradición» con base en una orden de captura decretada por el Tribunal Superior de Bogotá. Para ese petición, el Gobierno incluyó documentos como «la identificación de la persona solicitada, la mención a la intención de solicitar la extradición y la orden de captura», que fueron presentados en español y en inglés.
Sin embargo, aún faltan documentos que no han sido traducidos ya que en total son 2.115 folios de anexos y, una vez la Cancillería cuente con ellos, «se procederá a formalizar la solicitud de extradición ante el Departamento de Estado». Según indicaron ante un tribunal en Washington fiscales estadounidenses, la justicia de ese país planea deportar a Mancuso a Italia pese a los intentos de última hora del Gobierno colombiano de pedirlo en extradición para que responda por los crímenes cometidos aquí. Mancuso fue responsable directo como jefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de miles de asesinatos y otros crímenes de lesa humanidad en el marco del conflicto armado.
Tras acogerse a la Ley de Justicia y Paz y desmovilizarse en 2006, Mancuso fue deportado en 2008 a Estados Unidos donde cumplió 12 años de cárcel y cuando su deportación a Italia era casi un hecho, el Gobierno de Colombia empezó a tramitar su extradición por sus procesos pendientes con la justicia.
La organización Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que el Gobierno del presidente Iván Duque ha hecho «un trabajo llamativamente negligente para extraditar a Mancuso desde EE.UU.».
Igualmente el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) reveló avances sobre las medidas para proteger a las víctimas del exjefe paramilitar frente a su posible deportación a Italia.»El Estado colombiano tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a derechos humanos vinculados a las masacres de Pueblo Bello, Ituango y otras. Esta obligación comprende la actuación diligente y expedita del Estado colombiano en el trámite de extradición», dijo la directora ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic. EFE
