FARC denuncia detención «ilegal» de exguerrillero liberado tras firmar la paz
Bogotá, (EFE). El partido colombiano FARC en el que se transformó esa antigua guerrilla denunció este lunes la detención "ilegal" de un excombatiente que había sido liberado tras la firma del acuerdo de paz con el Gobierno colombiano y en virtud de la ley de amnistía.
El detenido, identificado como Edwin Jaison Murillo Pachón y conocido en su época de guerrillero como "Alirio Arango", forma parte del equipo de trabajo del representante a la Cámara Carlos Alberto Carreño, también conocido como "Sergio Marín", según denunció el propio parlamentario en su cuenta de Twitter.
Carreño detalló que Murillo Pachón se encontraba en la Fiscalía General para poner una denuncia de amenazas contra integrantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria Alternativa del Común (FARC).
Durante su visita a la Fiscalía Murillo Pachón fue detenido de forma "ilegal", siempre según la versión de Carreño.
El exguerrillero estaba preso y fue liberado junto a otros muchos miembros de las FARC tras la firma del acuerdo de paz en 2016 entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla, del que hace parte una ley de amnistía que incluye el perdón jurídico para los exguerrilleros encarcelados y que no hubieran cometido delitos graves.
Por eso, Carreño exigió su liberación "inmediata" y "la actualización de las bases de datos de la Fiscalía donde aún se encuentran activas las órdenes de captura vigentes contra los firmantes de la paz".
La Corte Constitucional dio en marzo de 2018 luz verde a la ley de amnistía, que da seguridad jurídica a los excombatientes.
Este ley fue aprobada por el Congreso de Colombia en diciembre de 2016 y perdona a todos los miembros de las FARC, excepto a los que hayan cometido delitos de lesa humanidad, abusos sexuales o reclutamiento de menores, entre otros.
También contempla un tratamiento especial para los agentes del Estado que cometieron crímenes dentro del conflicto armado, excepto los crímenes que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos.
La ley benefició aproximadamente unos 6.000 miembros de las FARC procesados por delitos políticos de rebelión, asonada y conspiración, entre otros. EFE
