Filipinas, epicentro mundial de la pederastia online
Manila. (EFE).- Un niño filipino de unos 12 años se contonea sin camiseta al ritmo de la música mientras se baja de forma sugerente el pantalón. El vídeo publicado en una cuenta de Twitter dura solo diez segundos y se corta abruptamente antes de que el protagonista aparezca desnudo.
Para verlo completo hay que seguir la cuenta, atribuida a un tal Alfonso Santos, enviar un mensaje privado y pagar 500 pesos (unos 10 dólares). A cambio, prometen mucho más contenido #baget, etiqueta bajo la que se encuentra fácilmente en las redes infinidad de materiales de explotación sexual de menores.
«Baget» es un término tagalo que significa «muchachito»: Filipinas se ha consolidado como el epicentro mundial de la pornografía infantil en la red, cuyos contenidos se triplicaron entre 2014 y 2017, revela un estudio publicado en mayo por la organización International Justice Mission (IJM).
Los destinatarios son hombres adultos en países desarrollados -principalmente Australia y EEUU- pero el intermediario o explotador es, en el 66 % de los casos, alguien del entorno cercano y de confianza del menor, incluidos sus padres. Gracias a la llamada anónima de un vecino, una madre de 28 años fue arrestada el pasado 27 de mayo en Manila por explotar a cuatro de sus siete hijos -2 niños y 2 niñas de entre 13 y 9 años-, a los que obligaba a realizar actos sexuales en vivo ante la cámara.
También fue detenida una vecina que recibía los pagos del extranjero mediante los centros de recepción de divisas, donde es fácil mantener el anonimato de emisor y receptor.
Filipinas creó el año pasado el Centro Filipino sobre Crímenes contra Menores en Internet (
Así se pudo detener el 14 de mayo en Angeles a otra madre que subía contenidos sexuales a internet de sus dos hijas, de 14 y 6 años, y de su hijastra de 11 años, gracias a la información compartida por la policía australiana, que halló esos materiales en el ordenador de un depredador sexual.
«Ambas mujeres se enfrentan a la pena máxima de cadena perpetua y una multa de hasta 5 millones de pesos (100.000 dólares)», señala a Efe Sheila Portento, coronel de la policía que codirige el PIACC. EFE – Por Sara Gómez Armas
