Inadmisible la actitud de quien anuncia conmoción interior, desafía a la Corte Constitucional y alude con sucios vocablos a la Justicia
Inadmisible la actitud de quien anuncia conmoción interior, desafía a la Corte Constitucional y alude con sucios vocablos a la Justicia
El Expresidente de la Corte Suprema de Justicia y abogado constitucionalista, José Gregorio Hernández, hizo importantes observaciones sobre la conducta de uno de los candidatos aspirantes a la Presidencia de la república, señalando, en el Nuevo Siglo:
Que “según el preámbulo de la Constitución colombiana, la actividad del Estado debe desenvolverse “dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo”.
El artículo 1 de la Carta declara que Colombia es un Estado Social de Derecho. Sus finalidades son, de acuerdo con el artículo 2, “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.
Se trata de una organización política que no actúa según el capricho o la decisión de un sátrapa o de un dictador, sino por mandato del pueblo -titular de la soberanía- con arreglo a la Constitución y a las leyes, para lograr los objetivos de interés general, preservar los derechos y libertades y realizar la justicia social en términos de igualdad.
Según el 198, el presidente “será responsable de sus actos u omisiones que violen la Constitución o las leyes”. Y el 201 dispone que el presidente tiene la obligación de “prestar a los funcionarios judiciales, con arreglo a las leyes, los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias”.
Los colombianos tenemos una cita con la democracia, que debemos cumplir el domingo, cuando -en segunda vuelta- se deberá elegir precisamente a ese servidor público que habrá de simbolizar la unidad nacional, a quien consideremos apto y comprometido a conducir los destinos de la República durante los próximos cuatro años, en el marco de la Constitución y las leyes, para cristalizar los principios fundamentales del sistema y con miras a lograr los objetivos propios del Estado Social de Derecho. No se entiende, ni se puede realizar un Estado Social de Derecho si el Presidente de la República no está dispuesto a cumplir y a hacer cumplir la Constitución y las leyes, así como las sentencias judiciales.
Resulta totalmente inaceptable, entonces, la reiterada actitud de un candidato presidencial que anuncia dictar decretos de conmoción y desafía a la Corte Constitucional a que “se atreva” a declarar su inconstitucionalidad, y que impone a sus subalternos medidas ilegales, aludiendo, con sucios vocablos, a lo que él mismo suele hacer con las leyes que lo obligan. Pésimas señales”. Twitter:@notillano Web:notillano.com (AA)
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