La independencia de poderes se pone en debate en Colombia por el caso Uribe
Bogotá. (EFE).- La independencia de los poderes del Estado es objeto de discusión en Colombia a raíz del traslado del proceso del expresidente Álvaro Uribe de la Corte Suprema a la Fiscalía, de la que su defensa espera que le levante la detención domiciliaria.
Desde hace varias semanas diferentes fuerzas políticas del país han expresado su preocupación porque los organismos que deben vigilar las actuaciones de la administración de Iván Duque quedaron en manos de personas cercanas al jefe de Estado, con lo que se incrementa la concentración de poder del presidente. El hecho de que el proceso por fraude procesal y soborno de testigos contra Uribe, que estaba en manos de la Corte Suprema de Justicia, haya pasado esta semana a la Fiscalía General, cuyo titular, Francisco Barbosa, es amigo de vieja data de Duque, no ha hecho más que aumentar esa aprensión en sectores críticos al Gobierno.
Opositores aseguran que no hay garantías de imparcialidad porque Uribe, fundador y líder del partido de Gobierno, el Centro Democrático, es el mentor político del presidente Duque, quien a su vez catapultó a Barbosa, de quien fue compañero en la universidad, para el cargo de fiscal.
La ONG Transparencia Internacional aseguró hoy por medio de su Capítulo en Colombia que durante 2020 «se han elegido personas cercanas al Gobierno» para dirigir la Fiscalía, la Procuraduría General (Ministerio Público) y la Defensoría del Pueblo, «situación ante la cual se corre el grave riesgo de afectar la independencia que deben tener dichos órganos externos de control frente al Poder Ejecutivo».
Transparencia hizo referencia, además de Barbosa, a la exministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, elegida la semana pasada por el Senado como próxima procuradora general de Colombia, y a Carlos Camargo Assis, nuevo defensor del Pueblo, mientras que el contralor, Felipe Córdoba, llegó al cargo a finales de 2018, poco después de que Duque asumiera la Presidencia.
Uribe está en detención domiciliaria desde el pasado 4 de agosto por decisión de la Corte Suprema, que consideró que hay riesgos de que el exmandatario obstruya la justicia, pero su defensa pidió ayer a la Fiscalía que ordene su libertad, petición que debe ser resuelta una vez esa institución reciba el voluminoso expediente del exmandatario. EFE
