La JEP imputó a militares por crímenes de guerra ocurridos en Casanare. Fueron 303 los asesinatos
La JEP imputó a militares por crímenes de guerra ocurridos en Casanare. Fueron 303 los asesinatos
Yopal. – Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputan crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército Nacional, un ex funcionario del DAS y dos terceros civiles, por el crimen de 303 personas que fueron presentadas como guerrilleros o delincuentes dados de bajas en combate en Casanare.
Entre los procesados están un mayor general, 2 coroneles, 3 tenientes coroneles, y otros 10 oficiales, además de 6 suboficiales.
En su mayoría se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Birno y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.
En calidad de autores mediatos fueron imputados el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo.
“Por primera vez la JEP revela cómo alrededor de 367 personas entre militares, miembros del DAS y terceros civiles, habrían conformado la organización criminal y participado en la planeación, ejecución y encubrimiento de los crímenes”, manifestó el magistrado Óscar Parra.
De acuerdo con las investigaciones, entre las víctimas se encuentran mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas en condiciones de discapacidad cognitiva, quienes sufrieron daños graves, diferenciados y desproporcionados por las acciones de esta unidad militar.
Señaló la JEP que en su mayoría las víctimas fueron hombres entre los 18 y 25 años. Sin embargo, en el subcaso Casanare la JEP acopió información sobre el asesinato de nueve mujeres, una de ellas en estado de embarazo, dos que se desempeñaban como trabajadoras sexuales y un joven con orientación sexual diversa. Es por ello que por primera vez la JEP imputa el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género.
En el contexto señaló “Las víctimas eran equipadas con armas, munición y prendas para hacerlas pasar como combatientes. Los miembros de la Brigada XVI denominaban a estos implementos el ‘kit de legalización’”.
“Los efectivos de la Brigada XVI recibieron permisos, comidas especiales, planes vacacionales, cursos de formación en el exterior o el traslado al Batallón Colombia N°3 en el Sinaí y reconocimientos para contar con las condiciones necesarias para el ascenso”, concluyó la JEP.
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