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La ley 100 una norma que jamás debió expedirse. La salud se convirtió en negocio

 La ley 100 una norma que jamás debió expedirse. La salud se convirtió en negocio

La situación que vivimos los colombianos en materia de salud pública, es la consecuencia de una norma que jamás debió expedirse.

Así lo señalaron médicos, enfermeras y personal que labora en el Hospital de Villavicencio, Clínicas de esta capital y personal de las EPS.

Este ha sido el mal mayor, ya que acabó con las prácticas que se cumplían que encerraba la responsabilidad para con los pacientes, el adecuado tratamiento, el comportamiento oportuno, y todas las bondades que reporta, quien se dedica a salvar la vida de las personas, conceptuaron.

En una muestra tomada a seis personas por periodistas del Noticiero del Llano, éstas profesionales de la salud indicaron, que con lo primero que acabaron fue con el Instituto Colombiano de Seguros Sociales que se financiaba tripartitamente, es decir entre gobierno, patronos y trabajadores, dando los mejores resultados, salvo algunas pequeñas deficiencias, que se analizaban en las reuniones donde había representación de las partes, que encontraban oportunamente la solución al problema.

Con la ley cien cuyo ponente fue el expresidente Alvaro Uribe Vélez, se le dio la oportunidad a los inversionistas poderosos, de constituir las Empresas Prestadoras de Servicios “EPS”, que permitieron recortar los servicios, pagar salarios de hambre a los médicos y demás personal, fijar tiempo de atención al paciente y formular droga que como el Acetaminofen, sirve para curar, según los dueños de estas compañías, cualquier clase de enfermedad.

Las citas preferencialmente con especialistas, son muy difíciles de conseguir y cuando de intervenciones quirúrgicas se trata, la vida y la dolencia del paciente se complica, señalan los afiliados a estas entidades, que cobran costosas cuotas y además reciben beneficios gubernamentales, utilizan los hospitales y clínicas, les quedan debiendo los servicios que prestan, y cuando se les exige el pago, ofrecen una negociación, sosteniendo que cancelan con una rebaja del veinte o treinta por ciento, en censurable y vulgar comportamiento. Como complemento se dio vida a las tercerías creándose una falsas cooperativas que cobran a las empresas unos valores y contratan personal con el salario mínimo y en ocasiones, algunas, les niegan lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, les demoran los sueldos y desconocen las cesantías y prestaciones sociales, ya que a ello solo les interesa su utilidad económica, y de esta forma obtienen jugosas utilidades. Los despidos se han acentuado, el gobierno paga millonarias sumas a las EPS, las quejas de los usuarios son permanentes y ni el Ministerio de Salud, ni la Superintendencia del ramo han adoptado decisiones de hecho y de forma, para determinar acciones que permitan mejorar esta problemática que afecta a millones de colombianos.

Twitter:@notillano Web:notillano.com (AA)

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