Política de seguridad colombiana en jaque por denuncia de violaciones de DDHH

Bogotá. (EFE). La estrategia de seguridad del Gobierno colombiano vivió su peor momento político durante una moción de censura en el Senado al ministro de Defensa, Guillermo Botero, a quien se acusó de permitir ejecuciones de civiles y de un bombardeo en el que murieron siete menores de edad.

El debate fue convocado por el senador Roy Barreras, del Partido de la U, que fue la base del Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, y quien sacudió al país con graves denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de militares en su lucha contra los grupos armados ilegales.

Entre las denuncias más graves, Barreras afirmó que una operación militar en agosto pasado en el departamento del Caquetá (sur) en la que supuestamente murieron 14 disidentes de las FARC, fue en realidad una matanza que se cobró la vida de varios menores de edad.

"Usted le escondió a Colombia que ese día bombardeó a niños y murieron siete menores. Usted por qué no le contó a Colombia que había bombardeado niños en ese operativo", preguntó Barreras al ministro. Barreras presentó informes de Medicina Legal según los cuales entre las víctimas de esa operación había una niña de 12 años, un joven de 15, dos de 16 y tres de 17 años. El senador acusó a Botero de "revictimizarlos" al presentarlos "como delincuentes".

Barreras aseveró que a Colombia han regresado los "falsos positivos", nombre con el que se conocen a las ejecuciones de civiles que a lo largo de años fueron presentados como guerrilleros muertos en combate.

"Tengo que decirles que hemos vuelto a los falsos positivos", manifestó el senador al explicar el caso del joven Flower Jair Trompeta, activista del medioambiente y de los derechos humanos que, según sus allegados, fue asesinado por el Ejército el pasado 28 de octubre en el departamento del Cauca (suroeste). Además, denunció que la seguridad de Colombia está en riesgo con el crecimiento de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras bandas criminales, que atribuyó a la incompetencia del ministro.

Para el senador, Botero incluso ha empujado a Colombia a una situación de tensión que puede llevar a un conflicto armado con Venezuela y que puso en ridículo al presidente Iván Duque en las Naciones Unidas, donde en septiembre pasado presentó un informe con supuestas pruebas del apoyo del régimen de Nicolás Maduro al ELN basado en "información equivocada" suministrada por los militares.

Botero tomó la palabra para hacer un largo discurso en el que acusó a los opositores de haber recitado un "sinnúmero de falacias" y desconocer los datos mostrados por sus antecesores en la tribuna de oradores.

El ministro alegó que no hay "falsos positivos" y aseguró que a todos aquellos que "deshonran el uniforme militar" les caerá "todo el peso de la ley". Aseguró además que todas "las operaciones militares se desarrollan siempre de acuerdo a los estándares internacionales, a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH)".

Defendió que cuando bombardearon el campamento de disidentes de las FARC en que murieron los menores no tenían datos acerca de la edad de los componentes, si bien "se revisó clarísimamente la legislación (y) los abogados conceptuaron positivamente que el señor 'Gildardo Cucho' (cabecilla del grupo) era una amenaza para la seguridad nacional y como tal (se) podía bombardear el sitio".

Por eso, pidió que reclamen por las muertes en el bombardeo a los miembros del grupo disidente por "utilizar a menores de edad como parte de su estructura de seguridad".

Pese a las diferentes denuncias, varios partidos mostraron su respaldo a los militares e incluso afirmaron que la moción de censura no es contra su labor sino contra la dirección política del Ministerio.

Más duro fue el líder opositor Gustavo Petro, quien obtuvo su escaño en el Senado tras ser derrotado por Duque en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2018.

"Aquí no simplemente falla una persona, el ministro de Defensa, sino una política de Gobierno", aseguró el parlamentario de izquierdas.

Petro consideró que el problema no reside solamente en el departamento suroccidental del Cauca, envuelto en una oleada de violencia contra los indígenas que en la última semana se cobró la vida de siete de ellos y de otras seis personas, crímenes atribuidos por el Ministerio de Defensa a disidentes de las FARC. En su opinión, el problema estructural del Cauca es que hay "una población arrinconada en las cordilleras que no tienen tierra fértil y un acaparamiento de la tierra fértil del Cauca en manos de cinco personas".

"En medio de esa situación estructural lo que hoy observamos es que la mafia, las mafias armadas, intentan controlar el territorio (…) Las mafias intentan controlar a la población en esos territorios a partir de dos métodos: comprando gente, con el dinero, y matando gente, con el terror", añadió.