Siguen matando a los líderes sociales
Por Alejandro Jiménez González
Con la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC y el Estado colombiano se redujeron considerablemente el número y la incidencia de los delitos violentos, y en especial de los homicidios, los secuestros, las afectaciones por minas antipersonales o por municiones sin explotar.
Pero entre tanto ha aumentado otro tipo de violencia: el asesinato selectivo de líderes sociales y ex combatientes de las FARC y sus familias por motivos sociopolíticos. Entre el 24 de noviembre de 2016 y el día de hoy, la Fundación Paz & Reconciliación ha registrado el asesinato de 91 excombatientes y 26 de sus familiares.
Según cifras de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), hasta el pasado 31 de marzo la oficina del Alto Comisionado para la Paz había acreditado un total de 13.190 personas como desmovilizadas. De estas personas, 13.010 están siendo atendidas según los procedimientos previstos para su reinserción económica y social, 8.459 residen fuera de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), y 3.479 siguen viviendo en estos Espacios.
Pero no se tiene información precisa sobre el paradero de 1.072 personas, quienes podrían haber abandonado el proceso de paz, o simplemente haber decidido aislarse en el anonimato.
La mayoría de los autores materiales de los hechos no han sido identificados. En el listado de posibles victimarios figuran el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Grupos Armados post-farc y la Fuerza Pública.
A partir de la inforrmación que se ha dado a conocer acerca de estos crímenes, hemos podido identificar un modus operandi. Gran parte de los asesinatos selectivos han sido ejecutados bajo la modalidad de sicariato. Estos hechos violentos tienen lugar en los lugares de residencia de las víctimas, en sitios concurridos como establecimientos comerciales y en vías públicas —sobre todo— veredales.
Hasta el momento no se ha registrado ningún asesinato dentro de los Espacios Territoriales de Capacitación y reincorporación ETCR y, allí siguen activas las unidades de la Fuerza Pública que habían sido destinadas a brindar seguridad en estos lugares
las FARC —sin escoltas ni otras medidas de seguridad— corren por supuesto un riesgo de seguridad, sobre todo si transitan hacia los Nuevos Puntos de Reagrupamiento en las zonas donde hacía presencia la antigua guerrilla.
Debe notarse que los riesgos varían según el territorio donde los desmovilizados decidan continuar su proceso de reincorporación. Las regiones más críticas son el Bajo Atrato, Bajo Cauca Antioqueño, Norte del Cauca, Catatumbo, Sur del Meta, Caquetá y Guaviare, donde se vive un reacomodo de actores armados como producto de la desmovilización de las FARC.
Se muestra que los departamentos que registran mayor número de exguerrilleros victimizados son, en su orden: Nariño (20); Cauca (19); Antioquia (13); Norte de Santander (10) y Caquetá (10).
Los municipios de Tumaco, El Charco, Argelia, Ituango, El Tarra y San Vicente del Caguán son los que registran el mayor número de casos de homicidio selectivo de excombatientes de las Farc. De los veintiséis familiares de reincorporados de las FARC que han sido asesinados, tres eran mujeres y dos eran menores de edad.
Los municipios con mayor victimización a estas personas son Ituango y Tarazá en Antioquia, Argelia en Cauca y Litoral de San Juan en el Chocó. Según un estudio del Centro Nacional de Memoria Histórica, en Colombia se han llevado a cabo procesos de Desmovilización, Desarme y Reintegración (DDR) durante más de 35 años y a través de catorce experiencias y nueve programas diferentes.
A continuación, aludiré a dos casos de DDR que brindan elementos para plantear hipótesis que podrían explicar el asesinato selectivo de ex combatientes de las FARC y sus familiares.
El EPL. Este programa resultó de la firma del acuerdo de paz con el Ejército Popular de Liberación (EPL), el 15 de febrero de 1991, y su posterior transformación en movimiento político (Esperanza Paz y Libertad), bajo el concepto de reencuentro social y político. Los ex combatientes del EPL hicieron parte de los programas que acogieron a 6.500 ex integrantes de los varios grupos armados que acordaron la paz al comienzo de los años noventa. Entre estos grupos se cuentan el M-19, el Movimiento Armado Quintín Lame, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, la Corriente de Renovación Socialista y distintas Milicias Populares de Medellín.
Entre 1991 y 1996, en la región de Urabá se desató una ola de violencia contra los ‘Esperanzados’, llevada a cabo por una facción disidente del proceso, que comenzó como una suerte de persecución política alegando traición. En esta campaña de persecución participaron además unidades de las FARC y grupos paramilitares.
Al final, se cometieron dieciocho masacres y otras 763 agresiones entre homicidios, atentados, desplazamientos forzados y amenazas. Los ataques sistemáticos exterminaron ese movimiento político y sabotearon los proyectos productivos en el marco de la reincorporación económica.
Los grupos agresores (disidencia del EPL, FARC y paramilitares) habían decidido continuar sus respectivas luchas armadas, y acudieron a la violencia para despojar las tierras donde se habían asentado los excombatientes del EPL.
La segunda experiencia se derivó de la llamada Ley de Justicia y Paz. Entre 2003 y 2006, se reportó la desmovilización colectiva de 31.671 integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de los cuales 20.267 participaron activamente de los programas de reincorporación.
Durante este proceso también fue evidente la falta de capacidad de las instituciones para proteger a los desmovilizados. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación calificó como crisis humanitaria los más de 1.300 asesinatos, amenazas, desapariciones forzadas y reclutamientos ilícitos de excombatientes de las AUC.
Para ese entonces, los municipios con mayor número de desmovilizados fueron también los lugares donde surgieron nuevos grupos armados, conformados por los antiguos paramilitares. Así ocurrió en los departamentos de Antioquia, Cesar, Córdoba y los Santanderes.
En estos departamentos se encontró que las condiciones de seguridad eran precarias, tanto para los desmovilizados como para las víctimas reconocidas en el marco de Justicia y Paz. Valiéndose de amenazas o de ofertas económicas, los grupos emergentes intentaban volver a reclutar a los desmovilizados para engrosar sus filas. Quienes se negaron a aceptar la “invitación” habrían sido las principales víctimas de las retaliaciones. Así mismo se dieron agresiones contra los desmovilizados de las AUC por colaboración presunta con las autoridades para deshacer esos nuevos grupos criminales.
Twitter: @notillano Web:notillano.com (RAZON PUBLICA)
