Un tenebroso narcoecocidio
Al Gobernador del Meta y a los llaneros no los podemos dejar solos.
Por: Juan Lozano
Sin pelos en la lengua, el valiente gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, denunció el miércoles pasado el ecocidio más tenebroso de los últimos, años que viene perpetrándose en el sur de su departamento para arrasar, mediante quemas, miles de hectáreas de vegetación nativa con el propósito de sembrar coca, en medio de una guerra entre bandas criminales derivadas de las Farc.
Las imágenes transmitidas en RCN, captadas en sobrevuelos por las áreas afectadas, producen extrema indignación. En el primer semestre de este año se estima que fueron deforestadas cerca de 25.000 hectáreas en esta zona. En Parques Naturales, la cifra ascendería a cerca de 7.000 hectáreas.
Según el gobernador, enfrascados en esa guerra están, por una parte, ‘Mordisco’ y ‘Gentil Duarte’ y, por la otra, la denominada ‘nueva Marquetalia’, que estaría liderada desde sus escondites por ‘Iván Márquez’ y ‘Jesús Santrich’, beneficiario de todos los errores de las salas correspondientes de la JEP y compañía.
Es una guerra a sangre y fuego, con víctimas de lado y lado en este enfrentamiento de mafiosos empeñados en controlar territorios, laboratorios, rutas y clientes, en una trama multinacional que incluye narcos mexicanos, militares venezolanos, cartel de los soles y lavadores binacionales. Y, como si lo anterior fuera poco, estos grupos en conflicto ya están amenazando a algunos reincorporados que se mantienen apostando todavía por sus proyectos productivos.
Mientras el país permanece medio paralizado lidiando amargamente con los desafíos que plantea el covid-19, y buena parte de su dirigencia política se concentra en mezquinas acciones de coyuntura, la depredación ambiental es brutal, implacable y criminal. Es sobrecogedora la destrucción de nuestros parques nacionales, como La Macarena, Tinigua y Los Picachos.
El gobernador ha dado más detalles. En reportaje de Semana Sostenible afirmó que las disidencias impusieron a cada campesino tumbar dos hectáreas de bosque para sembrar coca, y por cada hectárea tumbada y quemada les pagan hasta cinco millones de pesos. Para los que no aceptan o no quieren aceptar, la alternativa es la muerte. Ya van cerca de 30 civiles y 20 policías y militares asesinados.
Los narcos no se detienen. El crimen no se detiene. El negocio multimillonario del narcotráfico ha sido el motor de todas nuestras violencias recientes. A plomo limpio, y con la opinión pública mirando para otro lado, avanzan implacables en su negocio criminal. No fue suficiente la cacareada operación Artemisa. No ha sido suficiente el accionar de Fuerzas Especiales de tarea.
Al gobernador Zuluaga y a los llaneros no los podemos dejar solos. Me sorprendieron las tímidas reacciones en las altas esferas nacionales tras sus últimas denuncias. Con escasas excepciones, como la del general Zapateiro, que ha querido escalar el tema a un problema de seguridad nacional, en la mayoría de despachos militares y civiles se trata el asunto como si fuera, simplemente, un problema de unos ambientalistas gritones o una querella entre llaneros. Y lo que pasa en el Guaviare no es menos grave.
El daño ambiental también es catastrófico. El equilibrio climatológico, ambiental e hídrico de buena parte de Colombia se concentra en esa zona de altísima biodiversidad que cumple funciones ecosistémicas como conector entre la Amazonia, la Orinoquia y los Andes.
Los llaneros no aguantan más. A los desastrosos efectos económicos derivados de los prolongados cierres de la vía al Llano, al desplome brutal de su industria turística por el covid-19, a las dificultades del agro y la ganadería, ahora se les suma el afincamiento de estas organizaciones criminales en el sur de su territorio. Es como si se volviera a manifestar con particular crudeza la tara ancestral que impide ver que de la carretera al Llano hacia el oriente hay medio país. Hoy, con razón, exigen presencia total del Estado. Y la necesitan.
Tomado de El Tiempo
